SIP: Los mismos que acosan al proceso electoral, judicializan la libertad de prensa

  • Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destaca el papel de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana en persecución.

La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se encuentra reunida en México y uno de los temas que aborda en estos días es el de la libertad de prensa en Guatemala, afectada por acciones del oficialismo y el sistema de justicia que controla, para perseguir a periodistas, entre los que destaca el caso de José Rubén Zamora.

Un aspecto relevante en el informe es que los actores que actualmente acosan judicialmenbte el proceso electoral y son señalados como «antidemocráticos», son los mismos personajes que actúan para judicializar casos de periodistas y se destacan los nombres de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal especial Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

Además del caso Zamora, que ya quedó en evidencia que fue condenado sin que se le permitiera el derecho de defensa, aunque el juicio debe repetirse, el MP insiste en investigar y acusar al menos a nueve periodistas por lo que escribieron durante el proceso contra Zamora en el desaparecido diario «elPeriódico», cerrado por las acciones del oficialismo y sus aliados en el área judicial y comercial.

Entre los periodistas perseguidos por sus escritos están un expresidente de la SIP, Gonzalo Marroquín Godoy, el excanciller Edgar Gutiérrez, la exdirectora del medio, Julia Corado y al menos seis reporteros del diario, quienes denuncian que se judicializa por la vía penal el caso, en vez de discutirse bajo la Ley de Emisión de Pensamiento, que garantiza la libertad de prensa.

El informe que conocerá la comisión de Libertad de Prensa de la SIP este fin de semana, destaca que la persecución a los periodistas es bajo las órdenes y resoluciones de los mismos actores que intentan detener el rpcose electoral y buscan pruebas para denunciar un fraude inexistente.

“El clima político y social está polarizado como consecuencia de acciones emprendidas por la fiscal general María Consuelo Porras, del Ministerio Público, y el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sus magistrados y directores”, expone el informe.

Expone que Curruchiche y el juez penal Fredy Orellana, señalados por Arévalo de León de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura, fueron parte directa del procedimiento judicial en contra periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, un critico del Gobierno. En el diario «elPeriódico» se publicaron y documentaron al menos 144 casos de gran corrupción del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Zamora fue detenido en 2022 y condenado en julio pasado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, en un proceso donde tuvo que cambiar de abogado en al menos siete ocasiones, porque sus defensores fueron blanco del Ministerio Público (MP), con acusaciones y presiones judiciales.

La condena en contra del periodista, sin embargo, fue anulada este mes y un nuevo debate oral y público en su contra se realizará en febrero próximo, aunque la familia temne que el MP intente nuevamente ampliar las acusaciones y se opone mientras tanto a su libertad condicionada.

La SIP envió una misión a Guatemala para comprobar sobre las denuncias de anomalías en el caso de Zamora y se ha referido al mismo en varias ocasiones, señalando las arbitrariedades cometidas y la falta de presunción de inocencia, así como la ausencia del estado de Derecho y el irrespeto al debido proceso.

La SIP conoce los informes de cada país durante la Asamblea General y se espera que el domingo se den a conocer las resoluciones. Guatemala será uno de los países señalados por abuso de las autoridades en contra de la libertad de prensa. Igualmente se conocerá el índice de Chapultepec, que muestra losd avances o retrocesos que se dan en cada país de América en materia de libertad de expresión y prensa.