- Jornada de protesta deja más dudas que soluciones; no hay nada concreto sobre medidas para contener el alza de combustibles y la canasta básica.
Redacción Crónica
La esperada jornada de movilización convocada por los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá transcurrió este martes en la Ciudad de Guatemala sin el cierre de carreteras ni incidentes violentos. Sin embargo, el balance político tras las reuniones sostenidas en el Congreso de la República y el Palacio Nacional de la Cultura dejó un sabor amargo entre las autoridades ancestrales: no hubo acuerdos concretos ni respuestas inmediatas a sus demandas para frenar la escalada inflacionaria.
La pasividad institucional presagia un incremento de la tensión social en los próximos días, avivada además por rumores y advertencias que apuntan a que los colectivos sociales podrían escalar las medidas de hecho, incluyendo eventuales cercos en puntos neurálgicos como el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Sin consenso en el Congreso ni en el Ejecutivo
La comitiva de dirigentes comunitarios inició su agenda en el Palacio Legislativo, donde sostuvieron un encuentro con el presidente del Congreso, Luis Contreras, y representantes de diversas bancadas. La postura de Totonicapán y Sololá fue tajante: rechazan los subsidios tradicionales por considerarlos ineficaces y exigieron la suspensión temporal de los impuestos a los carburantes —específicamente el IDP y el IVA—, además de establecer mecanismos de control directo sobre la canasta básica, golpeada fuertemente por la sequía que afecta las cosechas del interior.
No obstante, en la mesa del Organismo Legislativo prevaleció la falta de acuerdos. Mientras los diputados oficialistas defendieron la propuesta planteada por el Ejecutivo de fijar un precio tope temporal de Q39.00 al galón de diésel, las bancadas de oposición se mostraron reticentes y sin la disposición de aprobar de urgencia nacional la suspensión de impuestos.
Cerca del mediodía, las autoridades ancestrales fueron recibidas en el Palacio Nacional por el presidente Bernardo Arévalo. Durante la audiencia, los líderes indígenas le expusieron al mandatario el impacto devastador que el costo de los combustibles y la sequía están teniendo en las economías familiares del Altiplano y la zona rural. La respuesta del Ejecutivo, según revelaron los propios dirigentes al salir de la reunión, trasladó la responsabilidad de vuelta al Palacio Legislativo: Arévalo les indicó que cualquier medida de alivio fiscal o modificación tarifaria depende exclusivamente de la aprobación del Congreso de la República.
«La pelota está en la cancha de los diputados»
A las afueras del Palacio Nacional, la dirigencia de los 48 Cantones expresó su frustración ante lo que calificaron como un «ping-pong político» entre el Presidente y los diputados.
«Nosotros cumplimos con la palabra empeñada de no bloquear carreteras y venir a agotar el diálogo pacífico, pero nos retiramos sin una solución real para el pueblo», señalaron voceros de la comitiva ancestral. «El Presidente nos dice que depende del Congreso y los diputados no logran ponerse de acuerdo. La paciencia de las bases tiene un límite y llevaremos este informe a nuestras asambleas en los cantones para determinar los pasos a seguir.»
Alerta por el Aeropuerto y la amenaza de los transportistas
Pese a que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que las operaciones aéreas en la terminal capitalina se desarrollaron con absoluta normalidad durante el día, el despliegue de las fuerzas de seguridad se mantuvo en alerta preventiva ante versiones que circularon desde temprano sobre un posible bloqueo de los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora en caso de que las mesas de negociación fracasaran.
La tranquilidad en la red vial parece tener las horas contadas. Para este miércoles se prevé la llegada a la capital de una masiva caravana de transporte pesado y unidades extraurbanas, cuyos dirigentes ya advirtieron que no descartan retomar las paralizaciones de rutas clave en todo el país si las autoridades persisten en la falta de soluciones legislativas y fiscales inmediatas.