Cada cuatro años un buen número de empleados del Estado es contratado como pago de favores políticos y no por capacidad. No existe una carrera administrativa, un sistema de alta dirección pública y una institución que centralice y tenga todo el control de los empleados estatales. Por si fuera poco, la Ley de Servicio Civil está desactualizada, ya que fue decretada hace casi medio siglo.
Álvaro Alay /aalay@cronica.com.gt
Los servidores públicos son importantes en cada Estado, debido a que son ellos quienes brindan los servicios que en ley le corresponde a cada ciudadano; una excelente administración pública impulsa el desarrollo de las naciones, fortalece la democracia y aumenta la confianza en el gobierno.
Tal es la importancia, que Naciones Unidas instituyó el 23 de junio como Día Internacional del Servidor Público para promover su profesionalización y excelencia. Sin embargo, el país tiene pocas razones qué celebrar y muchas para reflexionar, esto como consecuencia de la existencia de graves falencias que evidencian los trabajadores del Estado.
El servicio público, que es definido por la ley como toda persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento o contrato, está actualmente desprestigiado, a causa de los engorrosos trámites burocráticos, la corrupción, falta de profesionalización y ausencia de voluntad de servicio.
Las plazas en el Estado han sido convertidas por los gobiernos de turno en un botín político, y por ello se irrespetan los procesos de selección y no se contratan a los mejores perfiles. Por si fuera poco, se crean plazas laborales innecesarias solo para dar empleo a correligionarios de los partidos oficiales de turno, creando con ello un Estado obeso e inoperante.
Sumado a ello, no existe una entidad que tenga el control de todos los empleados estatales —lo que permite la existencia de plazas fantasmas— y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) luce débil y la Ley de Servicio Civil está desactualizada, ya que data de 1968.
De esa cuenta, la Onsec solo lleva el registro de los trabajadores del Organismo Ejecutivo —235 mil 268 empleados—, y no de los otros organismos estatales, entidades autónomas y de las municipalidades. Por ejemplo, en el Legislativo se reportan al menos 3 mil 500 empleados, entre ellos, los famosos conserjes que ganan alrededor de Q30 mil mensuales, gracias a su pacto colectivo que les contempla un incremento del 10 por ciento cada año.
Plazas: botín político
La falta de estabilidad y la ausencia de una carrera como servidor público, la mala atención que brindan a la población, la falta de profesionalismo para desempeñar su trabajo y la mala paga son, según expertos, algunos de los rasgos que caracterizan al servicio público de la nación.
Desde el punto de vista de Karin Slowing, analista independiente, el servidor público no es bien visto debido a que se ha desvalorizado ante la sociedad, y considera que desde los últimos 20 años se ha iniciado una transición en la cual los profesionales prefieren trabajar en el sector privado.
Manfrendo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC), coincide con ella y señala: Lamentablemente el servidor es mal pagado, mal formado, sin mayor profesionalismo, y todos los honorarios y pagos están invertidos, porque los trabajadores que deberían de ganar más son los que menos ganan y los que más ganan son los que mete cada gobierno cada cuatro años y los incentivos son perversos, se premia al funcionario de paso y se castiga al funcionario de carrera.
En tanto que Luis Linares, coordinador del área laboral de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), resalta que debe existir una garantía de estabilidad laboral, porque si no los puestos se vuelven un botín político, tal y como ha ocurrido donde cada gobierno lleva a su gente con cada cambio de mando.
Desprestigiados
Según los expertos, los casos de corrupción que han salido a luz, como la existencia de plazas fantasmas en el Congreso, de una red ilegal que negociaba contratos lesivos en el sistema de salud, entre otros, ha demeritado aún más a los trabajadores públicos, puesto que muchos de ellos están implicados o señalados de tener alguna participación.
Renzo Rosal, analista independiente, asegura que los procesos de selección de personal son deficientes, debido a que no hay perfiles y abunda el clientelismo político, lo cual conlleva a que existan personas que ocupen cargos que no les corresponden. A ello debe sumarse, dice, el fenómeno de la corrupción, que ha hecho que se altere la administración pública, se fomente el servilismo y tráfico de influencias.
Luego agrega Rosal: hay un crecimiento desmesurado de instituciones y dependencias que no se justifica; lo primero que hacen —las autoridades de turno— es crear una nueva unidad y con ello contratar más gente; por ello el aparato público se ha vuelto obeso, ha perdido musculatura, fuerza y eficiencia.
Linares; sin embargo, comparte que la mala calidad de servicio que se puede tener en una institución, son fallas de la dirección. Son problemas que tienen que ver con la calidad de quienes los dirigen, porque una dirección pública que cae en la corrupción, más que evitarla en los mandos subalternos, la promueve, explica.
Otro aspecto que observa el coordinador del área laboral de Asíes, es que al tener un ingreso con base en méritos, se mejoraría la calidad del trabajo, por lo menos en los mandos medios, reconoce Linares, puesto que en cargos de dirección no se puede competir con grandes empresas, porque ahí existe lucro.
Por su parte, Víctor Gálvez Borrel, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), asegura que es difícil que en una sociedad pobre con exclusión, explotación y altos niveles de analfabetismo, tengamos una administració fuerte. El administrador público es un reflejo de la sociedad donde él vive.
¿Cómo corregir el problema?
Para poder subsanar estas deficiencias que se tienen, expertos y analistas en mención consideran que la modernización de la Ley de Servicio Civil, o bien, la creación de una Onsec más eficiente, serían acciones ideales para poder cambiar el papel del servidor público.
Marroquín considera que muchas de las deficiencias que se tienen en el servicio público son porque no se mide el desempeño y porque la Ley de Servicio Civil es obsoleta.
Es por ello que actualizar dicha normativa ayudaría, pero reconoce que más lo haría el que haya una administración de recursos humanos eficiente.
Eso implica que la Oficina de Servicio Civil deje de ser una cenicienta y se le den recursos para que haga bien su trabajo, ahora no tiene ni herramientas ni recursos, afirma el presidente de AC.
Mientras que Slowing indica que tiene que haber un sistema que premie el buen desempeño y sancione las malas prácticas, no puede ser que los pactos colectivos protejan la pereza, negligencia e impunidad, no pueden ser mantos de impunidad, concluye la experta.
Desde el punto de vista de Estuardo Ramírez, director de Onsec, se puede hacer una crítica al Sistema de Servicio Civil, más que individualizar los problemas en quienes trabajan para el Estado.
El Sistema de Servicio Civil, entendido como el conjunto de normas, principios, instituciones y procedimientos, necesita varias reformas de fondo, dice. En este sentido, comenta que la actual Ley de Servicio Civil data de 1968 y que lamentablemente, de ese año a la fecha, el Estado ha crecido y multiplicado su tamaño, mientras que la norma que regula la relación entre este y sus trabajadores se ha mantenido invariable.
Es necesario recuperar la mística en el servicio y para ello se requiere que los trabajadores tengan más estabilidad laboral, exista una Carrera Administrativa y un Sistema de Alta Dirección Pública, ajenos al clientelismo y la politización. Para que ello exista, debe haber transparencia en los concursos de ingreso y ascenso, evaluaciones periódicas y vinculantes, y debe privilegiarse la capacidad, la honradez, la eficiencia, los resultados y la meritocracia, añadió el director de la Onsec y aseguró que estos temas se han discutido con el presidente Jimmy Morales.
En este sentido, Rosal comparte que la actualización de la Ley de Servicio Civil y conexas es vital para corregir los problemas y remarca que hay que fortalecer los criterios de selección y hasta desaparecer algunas instituciones. Se debería cerrar instituciones como el Registro de Información Catastral o el Fondo Nacional de Desarrollo, se tiene que hacer una reestructuración, afirma el analista político.
Es por ello que en esta conmemoración del Día de la Administración Pública se deben de empezar a pedir cambios, para que los servidores públicos brinden la atención que se merece el pueblo de Guatemala, y estos también sean dignificados y cuenten con profesionalismo.