- La Procuraduría General de la Nación (PGN) presenta denuncia por incumplimiento de deberes de la fiscal general e inicia proceso de antejuicio que debe resolver la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
El Procurador General de la Nación (PGN) Julio Roberto Saavedra y el secretario General de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero, interpusieron este jueces una querrella en contra de la fiscal general, Consuelo Porras por el delito de incumplimiento de deberes y ahora la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si retira el derecho de antejuicio de la funcionaria.
La acción impulsada por el Ejecutivo se produce luego del enfrentamiento público que han mantenido la fiscal y el presidente Bernardo Arévalo, quien desde antes de tomar posesión anunció que le solicitaría la renuncia a la jefe del Ministerio Público (MP), por considerar que es un obstáculo para la lucha contra la corrupción y por no haber cumplido con sus deberes en los años previos.
De acuerdo al procedimiento, ante la solicitud de retiro de la inmunidad que protege a la fiscal general, el caso lo debe conocer la Corte Suprema de Justicia en primera instancia y luego elevarlo al Congreso de la República, en donde debe nombrarse una comisión pesquisidora paraa que luego el pleno decida sobre los indicios que se hayan podido comprobar de un delito.
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Roberto Saavedra, y el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentaron este jueves 29 de febrero una querella en contra de la Fiscal General, María Consuelo Porras, la cual se convierte en solicitud de retiro de antejuicio, por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.
El Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, presentó la solicitud de retiro de antejuicio de la Fiscal General del @MPguatemala por incumplimiento de deberes. pic.twitter.com/1xkMKsab04
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) February 29, 2024
El PGN, que tiene la función de defender los intereses del Estado de Guatemala, interpuso la querella contra la fiscal general ante la oficina de Gestión Penal del Organismo Judicial en la Torre de Tribunales, a donde acudieron los dos funcionarios.
Tras ganar la segunda vuelta, el MP inició una serie de acciones dirigidas en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo, el proceso electoral en su conjunto, el partido Semilla y las autoridades del Tribunal Suprema Electoral, aduciendo un fraude en las elecciones, sin presentar ninguna prueba.
Arévalo declaró en su momento que se trataba de un «golpe de estado judicial en marcha», el cual se mantuvo hasta el momento mismo en que asumió el cargo el pasado 14 de enero, aunque se sabe que las intenciones de entorpecer la labor del Ejecutivo por la vía judicial persisten.
Guatemala es considerado como un Estado en el que el sistema de justicia responde a intereses oscuros que favorecen la impunidad y promueven la corrupción.
La fiscal general Consuelo Porras, ha sido sancionada por Estados Unidos, la Unión europea y Canadá, por considerar que sus acciones «corruptas y antidemocraticas» socavan la democracia de Guatemala. Junto a ella han sido sancionados varios de sus fiscales más cercanos, el secretario general del MP y los jueces que actúan en contubernio con la fiscalía para perseguir a políticos, exoperadores de justicia y periodistas.
También hay sancionados magistrados de la anterior CSJ y la comunidad internacional ha advertido que se continúa supervisando lo que se hace en el sector justicia para impedir el buen desarrollo del gobierno de Arévalo, quien recientemente recibió el apoyo de varios países europeos en su gira por ese continente.
El PGN Saavedra dijo a la prensa luego de entregar el expediente de antejuicio, que la acción legal contra Porras se generó tras su negativa de asistir a una reunión de Gabinete el pasado 29 de enero, tras ser convocada por el presidente Arévalo como establece la Constitución.
Dijo el abogado del Estado que » la intención de esa invitación fue coordinar políticas del Estado y acciones en temas que son fundamentales, en el esfuerzo que persigue actualmente el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto a los derechos humanos».
Antes, Arévalo invitó a Porras para una reunión privada, pero la fiscal general se negó, aduciendo la independencia de su cargo. El secretario General, por su parte, anticipó que Gerrero expresó que «esta va a ser una de varias acciones que se va a estar emprendiendo por parte del Ejecutivo en contra de todos aquellos actores corruptos, aquellos actores que están en contra del Estado de Derecho, aquellos actores que están actuando fuera del marco de la legalidad y del Estado de Derecho».
Los analistas políticos consideran que la acción promovida por el Ejecutivo «es la vía» para presionar la salida de Porras, aunque anticipan que «la fiscal general no dejará el cargo, porque hay demasiadas cosas detrás», y señalan que «el encubrimiento de la corrupción es muy grande».
Lo que no se puede anticipar es si en el Congreso de la República se contará con los votos necesarios, tomando en cuenta que se han venido reacomodando las cuotas de poder y será un punto de inflexión para determinar el futuro de los próximos cuatro años.
El grupo parajudicial Fundación Contra el Terrorismo, anunció por medio de su director, Ricardo Méndez Ruíz que «si quieren pelea, pelea tendrán». Esta organización trabaja estrechamente con el MP y ciertos jueces implicados también en acciones antidemocráticas. Méndez Ruíz también ha sido sancionado por Estados Unidos, al igual que Porras.
Esa fundación ha presentado varios antejuicios en contra del presidente Bernardo Arévalo por diverasos delitos, entre ellos el de incumplimiento de deberes, por haber viajado al exterior.