Abelardo Medina*
En la presentación de un estudio de Icefi sobre la situación del sistema de justicia, el Jefe de la Cicig, Iván Velásquez, se atrevió a recomendar la posibilidad de crear un impuesto temporal a los grandes patrimonios del país, para dotar de mayores recursos a los organismos relacionados. ¡Terrible!
El comisionado no sabía que se enfrentaría a uno de los más grandes tabúes de Guatemala: el pago de impuestos.
Hasta la fecha, todos los sectores sociales, económicos, productivos y políticos han manifestado su apoyo al trabajo de la Cicig, no solo por los resultados obtenidos, sino también porque funciona con dinero que pagan contribuyentes de otros países. También hemos aplaudido los avances en el MP, pero debemos reconocer que con la asignación disponible, la actividad del mismo no puede mejorar y tampoco la de otros entes, como la Defensa Pública Penal, el Inacif o el Organismo Judicial. Por ello, resulta obvio para cualquier persona, no importando la ideología, que el sector justicia requiere de más recursos para mejorar los resultados.
Algunos sectores manifestamos apoyo a la idea, reitero el término, idea… del comisionado de la Cicig, porque al final, la decisión es de los guatemaltecos, que debemos entender que si queremos algo más grande y mejor, hay que pagarlo. Pero sectores conservadores, no solo se manifestaron contra la idea, sino que algunos pensadores afines a esta línea, la emprendieron contra los que estamos de acuerdo, calificándonos de socialistoides, amigos de la corrupción, depredadores de la riqueza, entre otras. Lo bueno es que yo aprendí que cuando alguien te insulta, es porque no tiene argumentos para discutir. Sin embargo, es una buena muestra de la intolerancia que existe y del malestar que provoca hablar de impuestos.
Lo importante de la situación es que nos demos cuenta, como sociedad, que tenemos muchos problemas en salud, justicia, seguridad, educación, infraestructura, y que si bien nos asiste el derecho de exigir que se usen bien nuestros impuestos, tenemos la obligación de vigilar el proceso y aportar a la construcción de una sociedad mejor. Si aspiramos a una sociedad con mayor bienestar, crecimiento económico y gobernabilidad democrática, como lo establece la Constitución Política, debemos estar de acuerdo en que es nuestra obligación aportar al financiamiento de los bienes y servicios públicos.
Uso racional de los recursos públicos; eliminar la corrupción; combatir el contrabando y la defraudación aduanera y tributaria; ampliar la base tributaria, entre otras acciones, son elementos de una realidad que no pueden soslayarse, pero su abordaje no permitirá mejores resultados fiscales en el corto plazo. Por ello, la discusión para mejorar el sistema fiscal, no puede limitarse a los aspectos planteados, sino que también debe incluir la eliminación de los privilegios fiscales; el combate a los paraísos fiscales; la falta de acceso a la información bancaria para fiscalización de la SAT (lo que ha demostrado ser muy útil para incrmentar la recaudación) y, por supuesto, ampliar la productividad de los impuestos existentes
*Economista Senior. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).