Mañana se reinicia el debate de las reformas constitucionales en el pleno del Congreso, pero aunque se habla de consensos, todo indica que no será fácil su aprobación –se requieren 105 votos para aprobar artículo por artículo– y que la discusión podría retrasarse y la polémica persistir varias semanas o meses dentro y fuera del Organismo Judicial.
Aunque en el Congreso es difícil definir las bancadas que están claramente a favor o en contra, se ven tendencias marcadas. Hay varios artículos controversiales, pero el que mayor polémica está creando es el de la justicia indígena. En el Congreso se habla de entre 23 y 60 modificaciones de curul que plantearán los diputados, lo que hace suponer que los debates serán intensos y lentos.
Las fuerzas
El pulso se está dando públicamente, pero también se trata de influir a los parlamentarios para que asuman una u otra posición. Públicamente, son muchos los diputados que hablan de acuerdos y se manifiestan a favor de la aprobación, pero no se espera que esas declaraciones se traduzcan en un bloque fuerte y votos para aprobar los artículos correspondientes.
El mayor apoyo a la iniciativa de reformas viene de fuera del Congreso: Iván Velázquez (Cicig), Thelma Aldana (MP), y Jorge de León (PDH), son los abanderados. El presidente Jimmy Morales, que en un principio apareció públicamente dando respaldo, ha desaparecido del debate público, por más que su vocero Heinz Heimann, diga que él ha sido uno de sus impulsores.
Su ausencia en el debate hace evidente que ha preferido mantenerse al margen de la controversia, sobre todo ahora que ha entrado el sector empresarial al campo de batalla con una campaña de rechazo al artículo sobre el derecho indígena.
Hoy será juramentado el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nery Medina, y la atención se centrará en su postura en torno al tema, concretamente a la creación del Consejo Nacional de Justicia –el nombre se le ha cambiado en varios proyectos–.
La corriente que cobra fuerza es la de retardar la discusión en el Congreso, porque no son pocos los diputados que no favorecen la reforma, pero temen votar en contra por temor a investigaciones en su contra por parte de la CICIG o l MP.
El CACIF, ha hecho pública una campaña de concienciación contra el referido artículo, pues consideran que incluir dos sistemas de justicia en el país, creará caos jurisdiccional y afectará la inversión en el interior.
Algunos analistas ven un enfrentamiento también racial, y las organizaciones indígenas han principiado a movilizarse. Ayer un grupo se entrevistó con diferentes bancadas en el Congreso, pero no se puede medir aun el impacto que pudiera haber tenido.
También la comunidad internacional, principalmente los países donantes que aportan al financiamiento de CICIG, se han manifestado e favor de las reformas, lo que sirve para que en las redes sociales el interés y la expresión aumenten, tanto quienes están a favor, como quienes las adversan.
El pronóstico es que se dilatará lo más posible la discusión en el pleno.
El camino
El camino de reformar la Constitución es complejo. Ya se han dado los primeros pasos con las reformas planteadas. Primero se discutieron en un diálogo en el interior, luego se elevaron al Congreso de la República, Organismo que pidió la opinión de la CC.
Sobre los artículos aprobados por la CC se inició el debate, que pasó sin discusión en tres lecturas.
En noviembre del año anterior se detuvo la discusión y aprobación por artículos, para que los diputados pudieran escuchar más opiniones antes de seguir votando.
Ya para entonces había desechado las reformas al antejuicio a diputados, alcaldes, funcionarios y gobernantes. Tampoco obtuvo el voto mayoritario el tema de la justicia indígena.
El diputado Fernando Linares, que encabeza a el rechazo en el Congreso, considera que hay que escuchar a todos los sectores involucrados y que no se han pronunciado, y menciona al Colegio de Abogados, Universidades, la CSJ y otros.
Mañana no será el día decisivo, simplemente será el día en donde principien a definirse las fuerzas de esta batalla que se prolongará varios meses y, tal vez, llegue hasta una consulta popular, si finalmente se apruban.