La excandidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, interpuso este jueves 15 de julio una acción de inconstitucionalidad para revocar el fallo de la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, con el que se ordenó el proceso penal por financiamiento electoral no registrado.
Según el argumento de Torres, en el 2015 no existía el delito por el que luego fue acusada. Los señalamientos contra Torres son de haber consentido al menos siete aportaciones de fondos, con un total de Q5.9 millones, para la organización política que representaba y que no fueron reportados.
La juzgadora mantiene medidas contra Torres dictadas por el Juzgado de Mayor Riesgo E, a cargo de la jueza Eva Recinos, como arresto domiciliario y prohibición de participar en actividades políticas, mientras continúa el proceso judicial.
El 8 de enero de 2020, Recinos otorgó arresto domiciliario con fianza de Q800 mil a Torres. Además, se le prohibió salir del departamento de Guatemala.
La jueza añadió que la prohibición de asistir a reuniones políticas está fundamentada en ley porque Torres está ligada a proceso penal por delitos electorales.
Dijo que no se causa agravio a la organización política porque hay otra persona que cumple las funciones de forma temporal de la procesada.
Le recordó a Torres que está sujeta a un proceso penal y debe cumplir las medidas impuestas. Advirtió a Torres que si incumple, le puede revocar las medidas y la envía a prisión.
En la audiencia de este viernes 23 de abril, La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) no pudo argumentar supuestas comunicaciones de Torres y viajes fuera del departamento de Guatemala.
La Feci justificó el retiro de las medidas de coerción otorgados a Torres por una declaración de la testigo, Karin González Rimola, quien expuso sentir miedo si Torres llega a asumir la secretaría general del partido UNE.