Los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Mayor Riesgo intentan, de nueva cuenta, separar a la jueza Erika Aifán, tutelar del Magistrado de Mayor Riesgo “D”, del caso denominado Construcción y Corrupción, en su fase II, en donde está involucrado el exdiputado Armando Escribá.
La resolución se da a pesar de que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmara que Aifán debía continuar presidiendo ese expediente. Ahora, la Judicatura ordenó, nuevamente, enviar esa papelería al Juzgado Noveno Penal.
Cabe destacar que esa misma Sala de Apelaciones favoreció, en diciembre de 2020, al exdiputado con la anulación de su proceso penal por posibles actos de corrupción.
Continuar en prisión preventiva
El 29 de enero del presente año, la jueza Aifán resolvió que el exlegislador deberá continuar en prisión preventiva por su vinculación al caso Construcción Corrupción.
El exdiputado es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de los delitos de concusión y fraude por sus vínculos con empresas constructoras mientras era director de Covial en los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).
Señalamientos en contra de Escribá
De acuerdo con la FECI, el excongresista aprovechó el Estado de Calamidad declarado por la tormenta Agatha y utilizó a familiares y varias de sus empresas para la adjudicación de obras, por un monto total de Q147 millones 991 mil 7.34, que fueron sustraídos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Los hechos se dieron cuando Escribá era coordinador del Fondo Social de Solidaridad, donde pudo adjudicar Q194 millones 391 mil 593.02 a empresas ligadas a sus allegados con contratos, según esa unidad de investigación.