Los principales partidos y plataformas civiles de Bolivia anunciaron su oposición a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorice la candidatura de Evo Morales al Senado, al filo del plazo este miércoles para que el expresidente complete un trámite administrativo.
Morales debe completar su documentación este miércoles si quiere seguir en la lista de senadores de su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS). Entre la documentación faltante figura una prueba de residencia permanente en el país durante los últimos dos años, algo que sus adversarios esgrimen que no puede probar porque en noviembre partió al exilio en México y luego se refugió en Argentina.
El excandidato de derecha Óscar Ortiz anunció que «apenas (el TSE) abra el período de impugnaciones, estaremos presentando la impugnación» contra Morales, que dimitió el 10 de noviembre tras denuncias de fraude en los comicios de octubre y en medio de la presión en las calles de movimientos civiles y de los militares y policías.
Además de incumplir el requisito constitucional, Morales «no es un candidato que merezca estar en el Senado para refugiarse de todos los abusos que cometió», dijo Ortiz, aliado de la presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, quien es a la vez candidata en las elecciones del 3 de mayo.
El expresidente Carlos Mesa, segundo detrás de Morales en los anulados comicios de octubre y quien volverá a presentarse en mayo, criticó la postulación de su rival a un escaño. «Que el campeón del fraude, que el rey del fraude llamado Evo Morales se presente como candidato me parece increíble», dijo.
Por su parte, el expresidente y actual candidato Jorge Quiroga consideró que «es violatorio de la condición (de asilado en Argentina) inscribirse como candidato».
El poderoso Comité Cívico Pro-Santa Cruz, un conglomerado civil que propició la caída de Morales en noviembre, advirtió al TSE de «acciones necesarias para la defensa de la democracia, llegando incluso a salir nuevamente a las calles» para evitar la candidatura del exmandatario.
En una situación similar se halla Luis Arce, candidato a la presidencia por el partido de Morales y exministro de Economía, quien se asiló en México en diciembre pasado. La Constitución exige a los presidenciables un período de cinco años de residencia en el país inmediatamente anteriores a los comicios.
Arce encabeza con 26% la preferencia electoral, seguido de Mesa y Luis Fernando Camacho (derecha radical), con 17%. Detrás está la presidenta transitoria Áñez con 12%, según un último sondeo de enero.