El fantasma de la conflictividad social y la confrontación ha vuelto a surgir este lunes en la capital guatemalteca, con la llegada de una marcha de pobladores de la región q’eqchí’, la que ha ingresado en protesta por la construcción de proyectos hidroeléctricos en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, en medio de la polémica discusión de reformas constitucionales que incluyen mayor reconocimiento a la justicia indígena.
La marcha, que ingresó por el ingreso de la carretera al Atlántico, se ha dirigido a la Corte de Constitucionalidad (CC), en demanda de que este organismos ordene la realización de consultas comunitarias para determinar si procede o no la continuidad de dos proyectos en la región. Esto derivado de una resolución de la propia Corte en torno a los casos de las hidroeléctricas Oxec y Oxec 2. La CC ordenó la suspensión de ambos proyectos, al acoger un recurso interpuesto por las comunidades indígenas, medida que se mantendrá hasta que la Corte emita un fallo definitivo.
La presencia de cerca de un millar de indígenas protestando no ha pasado desapercibida, porque muy temprano se vio afectado el ingreso de la ciudad y ahora afecta el tránsito en el centro. Más tarde se traslada la protesta hacia la sede de la embajada de España, porque dicen que las hidroeléctricas en cuestión son propiedad de compañías del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo cual no es cierto, pues la compañía española es únicamente constructora y no inversionista de otros proyectos.
El dirigente indígena, Bernardo Caal, explicó a los periodistas que buscan la protección del río Cahabón, del que dependen varias comunidades.
Pero el mayor impacto se tiene en torno a las pretendidas reformas constitucionales, tomando en cuenta que la cuestión más debatidas hasta el momento gira en torno al artículo 203, que contempla la justicia indígena. En este sentido se han polarizado las opiniones y posturas, lo que anticipa que esta conflictividad que se está viendo podría subir de tono.
El sector empresarial organizado (CACIF), ha pedido que no se incluya en las reformas, mientras que las organizaciones indígenas demandan que sea aún más y profunda la reforma, ampliando la jurisdicción de su justicia a temas específicos en materia de derechos humanos y convenios internacionales.
La instancia de jefes de bloque del Congreso han acordado este mediodía que se vuelva al pleno el miércoles para continuar con la discusión y aprobación por artículos de las reformas constitucionales.
Fuera del Congreso, parece haber una pugna entre quienes impulsan los cambios –CICIG particularmente–, y los grupos más conservadores, pero el debate ha trascendido a todos los sectores de la sociedad civil.
El movimiento indígena parece estar alcanzando un nivel como pocas veces se había visto antes.
A esta conflictividad social se debe sumar otra que está en ciernes, derivado del incremento en las taifas de energía eléctrica para quienes menos consumen y ya no recibirán el subsidio del gobierno por medio de la llamada tarifa social. Para este año, el INDE dispone de menos de la mitad de fondos que en años anteriores para mantener el subsidio en los niveles en que se encontraba.
En ese sentido, para mañana se anuncian bloqueos de carreteras de comunidades indígenas de Sololá, que se reunieron esta mañana para abordar dos temas: 1), las reformas constitucionales y; 2) la petición al presidente Jimmy Morales de la reducción de las tarifas de energía eléctrica. (foto inferior del evento esta mañana en Sololá).
