Con el voto favorable de los nuevos magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus, esa institución revocó el amparo provisional emitido en marzo del 2020 que mantenía en suspenso la vigencia de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Uno de los artículos que contempla la ley, establece que, si una oenegé utiliza los fondos, que recibió de donantes para su funcionamiento, en actividades que alteren el orden público, serán canceladas inmediatamente y los directivos de esas entidades sufrirán consecuencias penales.
“Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional. Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externos para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación y sus directivos responsables, serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente, en el entendido que la ONG cancelada, no podrá operar bajo esa denominación. El reglamento desarrollará lo referente al proceso de cancelación”, dice parte del artículo 15.
La magistrada María Cristina Fernández y el magistrado José de Mata Vela emitieron votos razonados concurrentes.
Chung: La sociedad civil y las ONG´s son socios importantes para abordar desafíos de desigualdad, inseguridad y pobreza
La Subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, se pronunció horas después de darse a conocer que la Corte de Constitucionalidad (CC) revocara el amparo provisional emitido en marzo del 2020 que mantenía en suspenso la vigencia de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
De acuerdo con Chung, “la sociedad civil y las ONG´s son socios importantes para abordar desafíos de desigualdad, Estado de Derecho, inseguridad, abuso de los Derechos Humanos y pobreza en Guatemala”.
Además, indicó que la participación de este tipo de entidades “es necesaria para seguir construyendo un futuro democrático y próspero para el pueblo de Guatemala”.
Además, el congresista estadounidense y presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, Albio Sires, expresó su preocupación e instó al mandatario a enviar un mensaje de que defiende la justicia y las libertades civiles.
“Me preocupa profundamente la decisión de permitir que entre en vigor una ley que permita la disolución arbitraria de las ONG en #Guatemala. El Tribunal Constitucional lo bloqueó el año pasado, antes de la #pactodecorruptos instaló ilegalmente a sus aliados en la cancha”, escribió en su cuenta de Twitter.
Gustavo Alejos confirma haber recibido amenazas del Ministro de Gobernación
El exsecretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de corrupción en su contra, denunció que ha sido víctima de amenazas por parte del ministro de Gobernación, Gendri Reyes.
El exfuncionario envío oficios al Juzgado de Mayor Riesgo D y al Ministerio Público (MP) en los que informa sobre su situación.
En los documentos se detalla que ha sido presionado y amenazado por el titular de la cartera del Interior, quien supuestamente incluso le ha dicho que lo recluirá en un área específica de la cárcel de Mariscal Zavala.
Comisiones Paralelas 2020: Estuardo Gálvez y Murphy Paiz son enviados a prisión preventiva
La jueza Erika Aifán, encargada del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, resolvió que el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez, y el actual rector de esa casa de estudios, Murphy Paiz, deben permanecer en prisión preventiva, tras considerar que existe el riesgo de fuga y la obstaculización de la averiguación de la verdad.
Tanto Gálvez como Paiz están implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020. Otros implicados en ese caso como Juan Salvador Soto Estrada, Olga del Rosario Alfaro Pineda y Luis Fernando Ruiz Ramírez, también deberán guardar prisión, según indicó Aifán.
La togada, además, concluyó que el exrector de la USAC debería permanecer en la cárcel ubicada en Mariscal Zavala, mientras que el actual rector en el cuartel de Matamoros.
FECI presenta acusación formal en contra del exdiputado Estuardo Galdámez en caso Asalto al Ministerio de Salud
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó la acusación formal en contra del exdiputado y excandidato presidencial, Estuardo Galdámez, quien de momento enfrenta proceso penal por dos delitos en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
Galdámez es acusado de cometer los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada.
Según con la información del Ministerio Público, la acusación está soportada con 65 medios de investigación, entre documentales, testimoniales, información financiera y evidencia material.
Añade que los hechos que se le sindican al exdiputado del Partido Patriota, se relacionan a “su integración a una estructura criminal, entre el 2013 y 2014, que operó en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en la administración del doctor Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez”,
“Se le señalará que recibió y aceptó Q2 millones que fue para retribuir su gestión de intermediación para la adjudicación anómala del proyecto de construcción del hospital de Ixcán, Quiché, a la entidad mercantil Servicios de Construcción Comunitarios y Comerciales, Sercco, propiedad de Delio Edvin García Argueta”, indicó el ente investigador.