El Ministerio Público informó este jueves 13 de enero que ha solicitado, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el retiro de derecho de antejuicio contra la jueza Erika Lorena Aifán Dávila.
De acuerdo con el ente investigador, “existen indicios con los cuales se puede establecer que la jueza Aifán Dávila en funciones propias del cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con Competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo grupo D, de forma continuada y teniendo pleno conocimiento de la ley, posiblemente ha abusado de su cargo y ha incumplido con sus deberes, en perjuicio de la administración de justicia al arrogarse la competencia sobre los hechos de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020”.
En ese sentido, el MP señaló la presunta responsabilidad de Aifán en la comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
FECI pide cerrar investigación en contra del exembajador Julio Ligorría
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó que se revoque la orden de captura contra el exembajador Julio Ligorría, quien ha estado prófugo desde 2017. Además, solicitó cerras el caso que se lleva en su contra.
El jefe de la fiscalía, Rafael Curruchiche, dijo que se realizó la petición a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.
Ligorría fue vinculado al caso conocido como Construcción y Corrupción. De acuerdo con la FECI, el exdiplomático y exasesor del Partido Patriota (PP), organizó varias reuniones para obtener financiamiento electoral ilícito para dicha agrupación política.
Supuestamente, el exdiplomático negoció contratos estatales a cambio de recibir cheques para financiar la campaña del PP. En septiembre de 2017, el exembajador fue detenido en España y la justicia guatemalteca solicitó su extradición por el delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, la Audiencia Nacional (AN) de España denegó la petición.
TSE niega a Sandra Torres avalar actas para llevar a cabo asambleas en 17 municipios
Una nueva resolución del Departamento de Organizaciones Políticas (OP) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pone en aprietos a Sandra Torres y acerca más a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) a la cancelación.
El fallo del jefe de OP, Sergio Antonio Escobar Antillón, notificado el 11 de enero a Torres, detalla que a la organización no se le autorizarán libros de actas de asambleas y de sesiones en 17 municipios, debido a que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la UNE continúa desintegrado.
Torres solicitó a OP la autorización de actas para celebrar asambleas en La Reforma y San José Ojetenam (San Marcos); Jerez, Zapotitlán, Conguaco, Pasaco y Quezada (Jutiapa); Chicacao, San Antonio Suchitepéquez, Santo Domingo y Patulul (Suchitepéquez); así como Olopa, San José La Arada, San Juan Ermita, Quezaltepeque, San Jacinto e Ipala (Chiquimula). En todos los municipios la solicitud de Torres fue denegada-
Militares veteranos realizan movilización en el Centro Histórico
Un grupo de veteranos militares realiza una concentración en la Plaza de la Constitución, según informó Amílcar Montejo, director de comunicación de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala.
Montejo indicó que harán un recorrido hacia la Casa Presidencial para finalizar la manifestación frente al edificio del Congreso.
Los exsoldados han realizado en los últimos años varias movilizaciones para exigir la aprobación de una iniciativa de ley para que los veteranos que prestaron servicios durante el conflicto armado interno reciban una compensación económica.
En octubre pasado, una de las protestas terminó con la toma del edificio, quema de vehículos y agresiones a periodistas.