La Conferencia Episcopal de Guatemala pidió hoy transparencia en el proceso de elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. El presidente de la Conferencia, el arzobispo Metropolitano Gonzalo de Villa, expresó que los procesos de postulación de candidatos requieren de la participación de los mejores profesionales que estén a favor de la búsqueda de la justicia.
El grupo de religiosos demandó a los miembros de la postuladora que actúen con independencia y profesionalismo “recordando que las consecuencias de la impunidad son graves y que la no aplicación de la ley y la justicia provoca más violencia”.
De Villa también indicó que urge acelerar “con honestidad” la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general y cumplir con los plazos para su designación según el mandato constitucional«.
Oficina para Asuntos en Latinoamérica de Washington muestras preocupación por capturas de operadores de justicia
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) expresó preocupación por los continuos ataques contra operadores de justicia y abogados independientes en Guatemala. La organización se pronunció luego de la detención de la ex mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Leyli Santizo por un caso bajo reserva.
Wola indicó que la labor de los operadores de justicia ha sido vital en la lucha contra la corrupción y sus derechos deben ser protegidos.
Además, la organización guatemalteca también se pronunció sobre la detención de Santizo. El colectivo manifestó que los fiscales transparentes que no se han prestado a los intereses corruptos son perseguidos y criminalizados.
También hizo un llamado a condenar este tipo de acciones que afectan la democracia del país.
UDEFEGUA y FADS condenan al MP por la criminalización de fiscales anticorrupción
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) y la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) condenaron al Ministerio Público (MP) por la criminalización de fiscales anticorrupción.
La exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Leily Santizo, fue capturada la mañana del pasado jueves por un caso bajo reserva. La unidad manifestó que se busca procesar a Santizo por su rol en la persecución penal del caso Odebrecht.
Además, también se giró una orden de captura contra la exsubjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa.
Ambas organizaciones expresaron que las acciones del MP son un acto de intimidación y obstrucción al derecho de defensa y de hipocresía en el manejo de la reserva del caso.
Organizaciones internacionales rechazan criminalización en contra del juez Pablo Xitumul
El pasado 09 de febrero, la Corte Suprema de Justicia decidió declarar con lugar la solicitud de antejuicio interpuesta contra el juez Pablo Xitumul de Paz, juez del tribunal primero de sentencia penal, narcoactividad y de delitos contra el ambiente, con competencia para conocer procesos de mayor riesgo del grupo “C”.
Ante ello, organizaciones internacionales que conforman el Observatorio Internacional sobre Guatemala han asegurado que han alertado en múltiples ocasiones acerca de ataques reiterados, persecución y criminalización contra operadores de justicia en el país.
“Estos ataques forman parte de un patrón sistemático que ha venido agravándose, y que tiene como denominador común, la utilización del sistema de justicia penal y de los sistemas disciplinarios, para socavar la independencia de jueces, juezas y fiscales que tienen a su cargo investigaciones y procesos penales de alta complejidad que afectan a individuos y grupos poderosos, y que involucran graves violaciones a los derechos humanos o corrupción a gran escala”, indican.
Ministerio de Salud reforma normativa para clases presenciales en municipios con alerta roja
Cinco días antes de iniciar el ciclo lectivo para la educación pública y con la etapa iniciada para la educación privada, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó un nuevo acuerdo para implementar las clases híbridas en municipios con alerta roja.
A través de la normativa 33-2022 se establece una serie de normas que los establecimientos deben cumplir, entre estas el uso de mascarillas, protección facial, distanciamiento, ventilación natural entre otras.
Además, cada centro educativo debe tener protocolos establecidos en salud y emergencias.
Sin embargo, lo más importante del acuerdo es un tablero que contiene regulaciones por color de alerta para clases en el ámbito nacional desde preprimaria hasta el nivel medio.