Tres prácticas que deben extinguirse
Renzo Lautaro Rosal (rlrosal@cronica.com.gt)
Cuando hace unos meses salió a luz las sindicaciones contra la juez Giselle Reynoso por enriquecimiento ilícito, muchos guatemaltecos cayeron en la cuenta que eso de adquirir bienes a partir de la recepción de coimas es casi como hablar de un «deporte» nacional; una práctica generalizada en jueces, magistrados y toda la gama de funcionarios enquistados en instituciones públicas.
De pocos años, el mercado de inmuebles, adquisición de vehículos lujoso, compra de bienes suntuosos ha proliferado, no de la mano de señales claras de progreso económico a la buena. Ese caso, al que ahora se suma el magistrado de Apelaciones Eddy Orellana Donis pone acento en lo que puede convertirse en la caída de varios grupos de funcionarios del Organismo Judicial, quienes desde tiempo atrás han estado al servicio del mejor postor. Valiéndose de sus posiciones, interceden, bloquean, facilitan o entorpecen y hasta hacen perdidizos documentos, dependiendo de quiénes y cómo se les pague. No es casual que estos operadores de estructuras paralelas se enriquezcan de la noche a la mañana. De esa cuenta, pasan a ser cada vez más apetecidos al tiempo que sus bolsas se llenan de importantes recursos. Eso se convierte en una escalada aparentemente imparable. Lo que ha sido una práctica común no tiene por qué seguir siéndolo. El problema de fondo radica que el sistema de justicia ha resultado casi completamente cooptado, disfuncional al cumplimiento de las leyes, pero sumamente cómodo y funcional para los sectores, legales e ilícitos que se prestan a untar las manos de quienes se prestan a ello.
La caída ha iniciado, aunque es evidente que dado el entramado creado, no será fácil. La propia Corte Suprema (mayoría de sus miembros) está metida en el berengenal, lo que implica que la lucha por la depuración de la justicia es un terreno minado. Eso ya se sabía con anticipación, y tarde o temprano el iceberg comienza a desprenderse en pequeños o grandes bloques.
El caso «familia Morales», parte del capítulo mayor «botín Registro de la Propiedad», ha permitido sacar a relucir otras dos prácticas igualmente comunes y bien aceitadas: el uso de facturas para simular la adquisición de bienes y servicios, y la simulación de actividades (talleres, reuniones, compra de equipos, etc). Tan «normales» se han convertido, que hasta el hijo mayor del Presidente de la República no reparó en la evidente ilegalidad de gestionar facturas para fingir eventos no realizados y captar recursos que no sabemos con certeza a dónde fueron a parar.
Nos enfrentamos a una tipología de formas generadoras de corrupción, indicadores evidentes de los tentáculos de la impunidad que ha podido reproducirse ampliamente. De allí que lo importa sea poner luz e iniciar el desmontaje de ese tipo de prácticas, indistintamente si los montos que aparecen en las investigaciones sean millones, miles o cientos de quetzales. Las cifras no son lo significativo, el punto medular está en su eliminación. De lo contrario, corremos el riesgo de pensar que la corrupción es deleznable solo para casos de alto impacto; la corrupción de bajo escala debe seguir siendo tolerable. Esto sería terrible, si es que en realidad queremos que comiencen a soplar vientos de cambio.