Renzo Lautaro Rosal
La decisión de la jueza Claudette Domínguez de dar marcha atrás a la orden de captura contra el General Erick Melgar Padilla (caso Manipulación de la Justicia) ilustra, de manera brutal, el conjuro que históricamente y ahora en momentos de repunte, existe entre el llamado sistema judicial e “instituciones” como el ejército para cimentar la crónica impunidad. Dejar pasar dos meses para librar la orden, dar marcha atrás para que no se implemente y además, argumentar que el oficial goza de antejuicio por formar parte de un tribunal militar (hecho a la medida), son algunos de los indicadores que resaltan. Poner en aprietos a un militar de alto postín, representativo de un clan cercano al Presidente Morales ahora involucrado en un asunto criminal-familiar, donde la pelea por las herencias de bienes lleva a la muerte de su propio padre, no son aspectos que deban formar parte del script. Para modificar el escenario, se acude al cualquier resquicio legal, a simulaciones y lo que sea necesario para continuar el manejo con guante de seda, incluso violar la propia Constitución de la República.
Resulta evidente el movimiento en ascenso de los muchos tentáculos que por décadas se han edificado a diestra y siniestra. Son estructuras que se acomodan a las coyunturas, donde entrar a funcionar después de ser cuidadosamente aceitadas. Pero no olvidemos que este movimiento y los otros desencadenados desde agosto de 2017, son el preámbulo de un objetivo mayor: lograr que el proceso electoral a realizarse en 2019 selle ese pacto de contención y retroceso. Para lograr ese cometido, es importante jugar dos pedales, uno para avanzar la correlación de fuerzas cuyas estrategias e intereses han sido puestos al desnudo durante los últimos tres años y otro para frenar los procesos que podrían poner en aprietos el propósito indicado.
Lo anterior pasa por detener, lo más posible, el proceso de implementación de las reformas electorales aprobadas por el Congreso de la República en abril de 2016; en especial, aquellos contenidos que sí modificarían aspectos sustantivos: mayor control y fiscalización sobre las finanzas de los partidos políticos y la puesta en marcha del nuevo régimen de control y fiscalización de los medios de comunicación. Si ambos pilares claves no logran avanzar, entran al proceso bajo condiciones endebles y su operatividad se reduce a lo puramente procedimental y por tanto, superficial, mejor. Ojo, que esa estrategia está en pleno despliegue.
Controlar el proceso electoral, lograr que los nuevos electos sean, en su mayoría, desafectos a la idea de modificar las reglas del juego; crear la misma percepción de 2015 para que se expanda la idea que las elecciones son la solución a todos nuestros males, fortalecer la correlación anti MP-CICIG, son algunos de los objetivos específicos. Son los instrumentos, las fichas de dominó que deben alinearse para el logro central.
Aunque nos disguste aceptarlo, atrás de esto hay estrategia política; tal como se han edificado muchos de los capítulos de nuestra dramática historia, concebida para unos pocos como un festín que debe proseguir y superar cualquier obstáculo que encuentre en su camino. Del otro lado, no alcanzan las buenas ideas y los ímpetus; pero la cosa debe trascender hacia manejos político-estratégicos de mayor calado y realismo.