Astrid Perdomo
Consultora y analista política.
Como lluvia de mayo era esperada la opinión de la Corte de Constitucionalidad del dictamen 4974 del Congreso de la República, que contiene el paquete de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85). El panorama político se ha ajustado desde que el dictamen llegó a la Corte, la toma de posesión de la legislatura, donde 84 diputados nuevos no conocen a profundidad la propuesta, además de no haber participado en toda la discusión que se llevó a cabo desde que la población manifestó en la plaza, sobre la importancia de reformas legales que permitieran cambiar las reglas del juego a la denominada clase política, tan desprestigiada desde los sucesos de abril 2015, además, una dinámica diferente en la Corte de Constitucionalidad donde el 14 de abril cambiara de Magistratura, y algunos de los Magistrados buscan su reelección para un periodo más.
Las reformas a la Ley Electoral han tenido una serie de vaivenes, algunos sectores opinan que la propuesta no contiene todos los cambios que se requieren para tener un régimen político electoral diferente al actual, que ha derivado una serie de problemáticas que los guatemaltecos vemos como dañinas para fortalecer el sistema democrático, otros sectores opinan que en buena medida las reformas permiten cambiar, no en totalidad, las reglas del juego para encaminar al sistema político por un nuevo rumbo, con más controles y mecanismos que paleen las problemáticas que han debilitado desde su esencia la democracia en Guatemala.
Viendo retrospectivamente, nunca se ha llegado a tener los consensos que hoy tiene la reforma a la Ley Electoral, esto debe ser un punto clave a tomar en cuenta, así mismo, evaluar que nunca vamos a tener una propuesta perfecta ni un momento idóneo para realizar la misma, asumiendo que encontraremos una fórmula mágica que hará mejorar un sistema que está integrado por una serie de factores que deben ser modificados, en tanto, es válido rescatar que la reforma es importante, que no debe ser la única, sino que debe inspirar a continuar el análisis y la reflexión sobre cómo mejorar la democracia interna de los partidos políticos para que sean más representativos y participativos, cómo mejorar los controles al financiamiento para no generar desde ahí espacios a casos de corrupción y tráfico de influencias, cómo garantizar el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral como máximo órgano rector del sistema electoral y de partidos políticos y, cómo mejorar la calidad y cobertura de la formación cívico política, una serie de elementos que permitan que en cada espacio de representación y de traslado de soberanía se confíe en la búsqueda del bien común con un único fin.
Idealista sería pensar que vamos por el camino correcto, si ni siquiera hemos marcado el trazo y mucho menos esperamos que lo hagamos a paso ligero, debemos ser coherentes con nuestra realidad, que hoy se pinta para lograr generar cambios sustanciales en el sistema político electoral, y tampoco podemos darnos la media vuelta y pensar que ya hemos hecho mucho, porque la tarea es mucho más compleja que las aprobaciones de reformas legales, debemos como ciudadanos asumir que tenemos la más harta responsabilidad de ser coherentes con nuestras convicciones, y esto es lo queremos que sea nuestra Guatemala.
Las reformas a la Ley electoral, así como otras que se han aprobado en el Congreso de la República son necesarias para establecer un marco legal de acción que permita determinar hacia dónde vamos o hacia donde no debemos ir, porque como todo ser humano, debemos cometer errores, pero en el camino dar lo mejor para no quedarse en el esfuerzo, ese es el mensaje que como guatemaltecos debemos de exigir a nuestros gobernantes, porque lo que molesta es que no se haga nada por miedo a equivocarse.