Astrid Perdomo
Existe una diversidad de opiniones respecto a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP-, que tiene dictamen de la Comisión de Legislación del Congreso (4974).
Si es el momento y la propuesta idónea o no, se ha tornado en dimes y diretes en muchos ámbitos de discusión, pues no existe un consenso entre todos los sectores, los que participaron en las mesas de discusión que instaló en Congreso y otros, para decidir si se puede continuar con la presión a la actual legislatura.
A pesar de que no existe un consenso generalizado, algunos que sí están de acuerdo: la reforma es necesaria. Dejando a un lado los temas que generan polémica, la reforma debe realizarse para marcar una nueva ruta para el sistema político.
Como todo, en la política nunca se va a estar de acuerdo con el todo ni con todos, ya que se debe negociar, conciliar y consensuar. Es importante tener siempre presente que no existe una propuesta que recoja absolutamente todo lo que debe incluir una reforma a una ley, que debe actualizarse e incluir aspectos que no se consideraron en 1985, cuando se reguló todo lo referente al Sistema Electoral y de Partidos Políticos.
Entonces se contemplaban muchos escenarios que hoy son un problema para el sistema, como la debilidad de la institucionalidad de las organizaciones políticas para formar cuadros sólidos, la diversidad de capacidades que debería tener el Tribunal Supremo Electoral -TSE-, para tomar decisiones apegadas a actuar como el máximo órgano en materia electoral y, además, controlar todo el proceder de los partidos políticos para que sean el puente entre la sociedad y el Estado, y no enfocar todos sus esfuerzos a ser vehículos electorales o mecanismos para llegar al poder a costa de financiamiento opaco, con interés oscuro, lo que hoy es una realidad que ha permitido identificar que se necesita dar más dientes a la Ley Electoral, para que toda decisión del TSE este apegada a dicha ley.
El contexto que se presentó después de la crisis política que se desató en abril pasado, permitió presentar un nuevo escenario para retomar la reforma a la LEPP, posibilidad que nunca se hubiera presentado en un año electoral. Con esa oportunidad, diferentes sectores se pronunciaron sobre la importancia de esta reforma, identificando la necesidad de cambiar las reglas del juego a un sistema político colapsado, que se incrustó en el Estado, cooptando instituciones con corrupción e impunidad.
Bajo las circunstancias y con tanta evidencia presentada, no es una opción que todo quede igual; se necesitan cambios que modifiquen la estructura, que por su complejidad no podrá transformarse en algo totalmente diferente, si no se va modificando paulatinamente.
El contexto político guatemalteco requiere que su sistema se adapte a las necesidades que este presenta, para lo que es importante iniciar con lo que hoy se tiene, con lo que se conoce y con lo que se puede trabajar.
La reforma debe ser consensuada en dos espacios, en los cuales, los intereres que confluyen determinen la orientación de las mismas: el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad.
No podemos esperar que quienes se van a regir por las normas que están imponiendo sean rígidos e integren todo lo que la sociedad civil quiere, y la Corte se enfoca en analizar lo que considera pertinente, lo que demarca el límite del campo de acción.
A pesar de que la propuesta de reforma no resuelve muchos de los problemas identificados, o bien no incluye todas las propuestas solicitadas, contiene elementos importantes, como fortalecer al TSE, mejorar los mecanismos de democracia interna de los partidos políticos y mecanismos que regulan y controlan el financiamiento. Estos temas son de vital importancia para empezar con los cambios que requiere el sistema político-electoral.
Entonces, debemos tener claro que no es la propuesta de reforma perfecta, porque no existe; y no sabemos si es el momento idóneo, porque tampoco existe. Para evidencia de esto, si los casos de corrupción hubieran esperado el tiempo idóneo, que probablemente no fuera en un año electoral por todas las implicaciones, no se habría abierto la puerta de oportunidad para que la ciudadanía, en un acto memorable, saliera a las calles.
No es, entonces, suficiente prueba para que necesitemos hacer cambios; estos no serán los únicos, pero se necesitan; y no es conformismo, es tener una visión práctica ante la oportunidad. Si esta reforma se logra bajo el contexto de la presión ciudadana, podremos seguir analizando las propuestas para complementar los aspectos no incluidos; pero si dejamos pasar esta oportunidad, estaremos permitiendo que de nuevo todo regrese a la normalidad, cosa que ya hemos rechazado.
Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos deben ser acordadas por el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad, para evitar errores.