Bruselas, Bélgica | AFP |
Reino Unido y la Comisión Europea plasmaron este viernes los términos de su divorcio en un documento de 15 páginas y 96 puntos consagrado a la factura del Brexit, los derechos de los expatriados y la frontera en la isla de Irlanda.
Aunque el texto «podría ser la base del acuerdo de retirada» final de Reino Unido, prevista el 29 de marzo de 2019, según el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, todavía hay flecos por cerrar.
«Nada está cerrado hasta que todo está cerrado», señala este documento publicado tras 172 días de negociación, cuando ambas partes se disponen ahora a negociar su «futura relación», especialmente en el terreno comercial.
– Derechos de expatriados –
El objetivo es la «protección recíproca» de los derechos de los ciudadanos británicos instalados en el resto de países de la Unión Europea y de los europeos residentes en Reino Unido, es decir unos cuatro millones de personas en total.
El texto señala que desde la fecha de retirada, prevista el 29 de marzo de 2019, los expatriados residentes podrán seguir trabajando y estudiando allí donde viven. Por ejemplo, una estudiante británica instalada en otro país de la UE podría trabajar allí tras sus estudios, explicó Barnier.
Los expatriados mantendrán sus derechos sanitarios, de jubilación y de acceso a prestaciones sociales. Las familias tendrán el derecho de reunirse con un titular de un permiso de residencia y sus hijos tendrán ese derecho incluso si nacen tras el Brexit.
En caso de diferendos, los tribunales británicos serán los encargados de resolverlos, aunque «deberán tener en cuenta» la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), al que «podrán» plantear cuestiones sobre interpretación de la legislación durante ocho años.
Romper con la jurisdicción del alto tribunal europeo era una de las exigencias británicas. La UE considera que ese período de ocho años será suficiente para desarrollar suficiente jurisprudencia con el fin de que los tribunales británicos ya no necesiten al TJUE.
Una nueva «autoridad nacional independiente» velará además en Reino Unido por el respeto de los compromisos.
– La cuestión irlandesa –
La cuestión de la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte hizo fracasar la negociación el pasado lunes, pero ambas partes lograron finalmente un acuerdo político sobre los grandes principios aunque todavía quedan los detalles técnicos por resolver.
Londres se compromete a que no se instale de nuevo una frontera física, denominada «dura» en el texto, entre ambos territorios de la isla de Irlanda, incluyendo «cualquier infraestructura sólida» o «controles».
Los acuerdos de paz de 1998, que pusieron fin a décadas de sangrientos enfrentamientos entre nacionalistas y unionistas noirlandeses, deberán respetarse, así como la Zona Común de Viajes, un acuerdo bilateral que rige los desplazamientos de personas en las islas Británicas.
«Cualquier futuro acuerdo debe ser compatible con estas exigencias generales», estipula el texto. En ausencia de un acuerdo, «Reino Unido mantendrá una alineación completa con las reglas del mercado único y de la unión aduanera» en las que se basa la cooperación en la isla y los acuerdos de paz.
– Factura –
Ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre la «metodología» de cálculo del monto que Reino Unido debe abonar por los compromisos financieros adquiridos como socio y que, según un portavoz del gobierno británico, podrían elevarse a entre 40.000 y 45.000 millones de euros.
El acuerdo prevé que Reino Unido continúe abonando sus contribuciones previstas en el presupuesto de la UE hasta 2020 incluido, pese a que la retirada de Reino Unido está prevista para el 29 de marzo de 2019.
Tras este período, Londres deberá seguir respondiendo a los compromisos financieros vinculados a presupuestos anteriores, pero aún no abonados. Los presupuestos anuales europeos cuentan con créditos de pago, pero también con créditos de compromiso que se pueden pagar en varios años.
Este «resto por liquidar», que constituye la mayor parte de la cuenta a saldar por Londres, se calculará el 31 de diciembre de 2020 y se abonará progresivamente a medida que se exija el abono de estos compromisos como si el Reino Unido siguiera siendo un país del bloque.
Londres también deberá abonar progresivamente su parte en pasivos tales como las pensiones de los funcionarios europeos y en los «pasivos contingentes» como en el caso de un incumplimiento de pago por parte de un país tercero del que la UE figura como aval.