- El expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani es el primer investigado en la llamada «guerra contra la corrupción» anunciada en días recientes por el presidente Nayib Bukele, en El Salvador. Cristiani gobernó el país centroamericano entre 1989 y 1994, hoy es prófugo de la justicia.
Voz de América
SAN SALVADOR – Durante el discurso para marcar el cuarto año de gobierno, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha sido conocido por la llamada «guerra contra las pandillas» anunció que su gobierno, además de buscar reorganizar la división político administrativa de El Salvador, también quiere iniciar una «guerra contra la corrupción».
Como muestra de su decisión, Bukele dio a conocer, en medio de su discurso, que el titular de la Fiscalía General de El Salvador, Rodolfo Delgado, no se hallaba en el acto celebrado el 1 de junio porque se encontraba allanando todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó El Salvador entre 1989 y 1994.
«Vamos a perseguir la corrupción en todos los niveles, empezando por uno de los políticos que más daño le hizo al país, que se creía uno de los dueños de la finca, y que por eso despreciaba a nuestro pueblo», expresó Bukele refiriéndose a Cristiani.
En el operativo anunciado por Bukele, la Fiscalía ha intervenido 156 propiedades vinculadas al exmandatario, 15 cuentas bancarias y 42 vehículos. También ha hecho «embargo preventivo» en tres empresas. El monto de lo incautado hasta el momento asciende a 10.6 millones de dólares.
¿Quién es Alfredo Cristiani?
Alfredo Félix Cristiani fue presidente de El Salvador entre 1989 y 1994 bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), un partido de derecha que gobernó durante 20 años continuos, comenzando con Cristiani.
Los primeros tres años, el exmandatario gobernó el país en medio de una cruenta guerra civil entre las fuerzas del Estado y la guerrilla. Pero fue hasta 1992 que la guerra terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, y desde entonces, a Cristiani se le conoció como «el presidente de La Paz».
Sin embargo, durante su mandato fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el departamento de La Libertad; 33 años después, en marzo de 2022, un tribunal de San Salvador ordenó la captura de Cristiani por el delito de presunta omisión en la masacre ocurrida el 16 de noviembre de 1989, cuatro meses después de que Cristiani asumiera la presidencia.
Por medio de la cuenta de redes sociales de su hija, el expresidente Cristiani divulgó un comunicado en el que sentó postura ante la acusación: «Nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Se ha cuestionado que el comandante en jefe de la Fuerza Armada no tuviera conocimiento previo de los planes (…) La verdad es que después de largos años de regímenes militares y golpes de Estado, la subordinación al poder civil no ocurrió de la noche a la mañana …», dijo.
La Fiscalía presume que el exmandatario salió del país un mes antes de la orden de captura, en febrero de 2022.
Nuevas acusaciones
En septiembre de 2021, varios legisladores miembros de una comisión especial que investiga sobresueldos dieron aviso a la Fiscalía salvadoreña para que abriera una investigación contra el exmandatario, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho.
A los 21 meses de ese aviso, la Fiscalía incautó las propiedades del exmandatario, así como los bienes de tres empresas, sin detallar los delitos por los que acusa a Cristiani.
«La investigación demostró que el expresidente Cristiani en el quinquenio presidencial en el que gobernó se apropió de fondos públicos, por un monto inicialmente de 37 millones de colones, ahora 4.2 millones de dólares», dijo a los medios de comunicación, Fabio Figueroa, uno de los fiscales a cargo de la investigación.
El operativo de allanamiento se desarrolló de forma simultánea en varios departamentos del país donde se encuentran las propiedades, entre estos San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Vicente, Usulután y La Paz.
Algunos de los bienes incautados pasarán al Estado salvadoreño, entre ellos empresas, lotificaciones, fincas y viviendas, dijeron las autoridades.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que halló una investigación contra Cristiani que había sido archivada, donde se señalaban actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Una investigación periodística del medio salvadoreño El Faro reveló que cinco meses antes de que Cristiani dejara la Casa Presidencial, se emitieron 106 cheques a su nombre por un total de 5.5 millones de dólares. Asimismo, develó que Cristiani fue uno de los empresarios con empresas offshore en las Islas Vírgenes, Británicas y Panamá entre 1992 y 2018.
La nueva «guerra contra la corrupción» de Bukele ha sido alabada por unos y cuestionada por otros. Algunos consideran necesario investigar a funcionarios de administraciones pasadas. Otros creen que se trata de un ejercicio de revanchismo político.
Desde septiembre de 2021, los delitos relacionados a corrupción no prescriben, a petición del presidente Bukele y la aprobación de la bancada oficialista en la Asamblea. De modo que delitos como enriquecimiento ilícito pueden ser juzgados en el país centroamericano aunque se hubiesen cometido hace 30 años o más.
En junio de 2021, Bukele rompió el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que mantenía con la OEA, luego de que el organismo internacional hiciera públicos 12 avisos de casos de corrupción en su gobierno.
De igual manera, la Fiscalía no ha dado a conocer si los funcionarios y exfuncionarios de la administración de Bukele nombrados en la Lista Engel del Departamento de Estado de EEUU de actores “corruptos y antidemocráticos” tienen expedientes abiertos para investigación.