PROVOCATIO: Los parches reactivos no alcanzan


Nadie, medianamente informado, puede negar la cooptación total del Estado; ya no solo por las mafias corruptas, sino también por el crimen organizado, en el que destaca el narcotráfico.


José Alfredo Calderón E. (Historiador y analista político)

Al igual que los patrullajes combinados Ejército-Policía Nacional Civil (PNC), los estados de sitio parciales y/o regionales no han brindado resultados efectivos, a pesar del cacareo oficial que cada gobierno hace de los mismos. De hecho, aunque fuesen totales a nivel nacional, la situación no cambiaría.

Más allá de las buenas intenciones que pudieran tener estas medidas –aunque no estoy seguro de ello– los estados de sitio en Guatemala no logran resolver de fondo la violencia o el crimen organizado porque funcionan como medidas de carácter reactivo y coyuntural que no atacan las causas estructurales del problema.

Nadie, medianamente informado, puede negar la cooptación total del Estado; ya no solo por las mafias corruptas, sino también por el crimen organizado, en el que destaca el narcotráfico. Incluso, hace años, se conoció del funcionamiento de una estructura criminal dentro de la PNC llamada La Charola, conformado por los propios miembros de la institución derivada de los Acuerdos de Paz, en sustitución de la corrupta y criminal Policía Nacional (PN) un apéndice de las fuerzas armadas castrenses.

En cuanto al Ejército, cada vez menos “nacional”, basta ver el historial de noticias relacionadas con señalamientos, investigaciones y capturas de oficiales vinculados a hechos delictivos y estructuras organizadas del crimen, narco incluido.

Mientras esta cooptación no se empiece a combatir de verdad, y las planillas institucionales de las fuerzas armadas, tanto militares como civiles, dejen de responder a otros intereses que no sean los nacionales y democráticos, nada, absolutamente nada cambiará.

Este gobierno en particular, no ha sido la excepción para implementar medidas de facto en tal de lavar su reputación de cara a la comunidad internacional, pero, sobre todo, de su principal presión y directriz: el gobierno de los Estados Unidos.

Adicional a los resultados que confirman la inutilidad de los estados de sitio y estados de prevención implementados, mencionaremos los ejes que lo respaldan:

  1. El enfoque puramente reactivo: Atienden el síntoma y no la causa, como podría ser: un pico de violencia, un ataque armado, un motín carcelario, el asesinato de autoridades, la rearticulación de pandillas o los graves hechos sucedidos en Zacapa e Izabal que el gobierno no ha podido explicar, máxime que casi todos los señalamientos apuntan en su contra, habiendo evidencias de la participación y/o connivencia de las fuerzas armadas del propio Estado de Guatemala. En lugar de estas medidas o en adición a ellas, se deberían implementar investigaciones de largo plazo o reformas profundas en el sistema de justicia y seguridad.
  1. El desplazamiento del delito: Al militarizar o endurecer los controles en una zona específica o a nivel nacional, como se hizo en enero de 2026 y ahora, las estructuras criminales y el narcotráfico solo trasladan sus operaciones a otras regiones del país donde hay menos presión o bajan el nivel de actividades, pues sus objetivos ya fueron cumplidos.
  2. La debilidad institucional y estructural de fondo: El sistema penitenciario, el Ministerio Público, las instituciones encargadas de la investigación criminal y el sistema de justicia, arrastran debilidades o cooptaciones históricas. En este sentido, un decreto de 30 días no limpia ni reestructura el aparato de justicia ni frena las economías ilícitas que operan detrás de las pandillas y el crimen transnacional; máxime cuando las propias autoridades encargadas de combatir el flagelo, lo protegen o promueven.
  3. El efecto efímero en las estadísticas: Aunque el Gobierno suele reportar cifras inmediatas de capturas, decomisos de armas o incautaciones de droga durante la vigencia del decreto, al terminar el período de excepción los índices delictivos tienden a repuntar porque las redes criminales no son desmanteladas de raíz. Lo anterior, sin perjuicio de la posible manipulación de datos o la acomodación de capturas pendientes, no es un secreto la acumulación de órdenes de captura incumplidas.
  4. Riesgo de abusos y desgaste democrático: La suspensión temporal de garantías constitucionales como la libertad de acción o detenciones o allanamientos sin orden judicial previa generan fricciones políticas y sociales, pero rara vez se traduce en sentencias condenatorias firmes contra las cabecillas de las organizaciones criminales.
  5. La descomunal desproporción de fuerzas: Es evidente que las fuerzas de seguridad del Estado tienen menos organización, logística, disciplina y entrenamiento que las huestes irregulares del crimen organizado, destacando una desigualdad ofensiva en el tipo de armamento.

Se debe insistir en que el abordaje de la inseguridad, la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, debe hacerse de forma integral y desde un enfoque histórico-estructural de carácter sistémico. Sin embargo, para ello se requiere de un Estado recuperado y un gobierno fuerte, condiciones que infortunadamente están ausentes en la actualidad.


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