PROVOCATIO: Los pactos castrenses para la cooptación civil

Compartir

José Alfredo Calderón E.

Historiador y analista político

Históricamente, el poder político de las fuerzas armadas ha sido producto de un largo proceso. Personajes como Gabino Gainza, Rafael Carrera y Jorge Ubico, hicieron de la carrera castrense, una plataforma no solo militar sino esencialmente política. Con la Revolución de Octubre, el origen del poder institucional del ejército queda oficialmente instalado y define el rumbo del país en los siguientes 50 años.

Desde 1947 se sucedieron una serie de documentos llamados pactos[i] que, en realidad, fueron imposiciones del ejército a los gobiernos civiles, legal y legítimamente constituidos, como producto de elecciones en el marco de la democracia formal que ha tenido Guatemala. Unos más conocidos que otros, en su momento, todos fueron espurios y secretos, aunque hayan salido a luz finalmente.

Antes de iniciar con estos convenios sui géneris, debemos recurrir a los sucesos en 1944, cuando se elaboró la Constitución Política de la República que entró en vigencia en 1945. Con las premuras e intereses que describe muy bien el ciudadano Jorge Toriello y que lo alejaron de la vida política, la Junta Revolucionaria de Gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente debieron hacer concesiones que luego le saldrían carísimas al proceso democrático del país. Como describo en mi artículo del 11 de junio de 2017 en esta misma revista (https://cronica.com.gt/jose-alfredo-calderon-la-herencia-paradojica-de-la-revolucion-de-octubre/): Si bien el subrayado en el artículo 149o. ya delata el fuero especial del Ejército, los dos artículos claves son: el 151o. que equipara el mando del ministro de la Defensa con el de Jefe de las Fuerzas Armadas, y el artículo 152o. el cual  consolida el poder de este último al ser nombrado por el Congreso y no por el Presidente de la República, que era (y sigue siendo) el Comandante en Jefe del Ejército, el cual, incluso, no podía removerlo (¡!)”. Este pasajealude a los artículos constitucionales de la época relativos al ejército y que crean dos poderes en las fuerzas armadas. Para detener las aspiraciones golpistas de Francisco Javier Arana, se nombró a este como Jefe de las Fuerzas Armadas y era quien concentraba un poder paralelo al gobierno de Arévalo y su Ministro de la Defensa.

Una vez entendida la génesis de este monstruo de mil cabezas en el que se convirtió la institución castrense guatemalteca, se puede explicar el Pacto del Barranco, llamado así por la particularidad de derivarse de un grave accidente automovilístico sufrido por el presidente Juan José Arévalo Bermejo, el 16 de diciembre de 1947, cuando en compañía de un amigo y dos bailarinas rusas[ii] se embarrancaron en la carretera que conduce a Panajachel. Los ocupantes murieron salvo el gobernante que se recuperó más rápido de lo esperado, si se toma en cuenta la gravedad del percance ya aludido.

Los dirigentes del Partido Acción Revolucionaria –PAR– suscribieron un pacto con el teniente coronel Arana, en el que este se comprometía a no intentar ningún golpe de Estado contra el presidente convaleciente, siempre y cuando los partidos revolucionarios apoyaran a Arana como su candidato oficial en las siguientes elecciones. Según algunas fuentes, el principal argumento para hacer a un lado a Jacobo Arbenz era su juventud, lo cual facilitaba que esperara un segundo gobierno revolucionario para competir por la presidencia.

La pronta recuperación de Arévalo y el afán de Arana por aparentar ser demócrata y no golpista, hizo que se llegara al acuerdo y el primer gobierno de la revolución terminara su período, no sin la sucesión y permanente amenaza de intentos golpistas diversos.

En otro artículo del 14 de noviembre de 2019, describo los detalles de dos pactos consecutivos ( https://cronica.com.gt/provocatio-de-pactos-y-fraudes-la-genesis/).

“Ydígoras es declarado vencedor por los diputados el 12 de febrero de 1958, tomando posesión el 2 de marzo del mismo año.  El Pacto Borrón y Cuenta Nueva (llamado así en alusión al slogan ya referido) se efectúa el 27 de enero de 1958.  Dicho “convenio” garantizaba que el gobernante electo sería confirmado por el Congreso y que, a cambio, no haría reformas profundas, ni perseguiría a los liberacionistas y aliados.  Pero el alto mando militar y las élites guatemaltecas tenían que blindarse, por lo que cuatro días después, el 31 de enero de 1958, se acuerda lo que se llamó: El Entendimiento Secreto, el cual profundizaba en los temas del otro pacto y garantizaba, entre otras cosas, la persecución a los comunistas y el nombramiento de algunos ministros liberacionistas en el gabinete. Así mismo, los militares tendrían el papel protagónico en todas aquellas decisiones importantes.” 

Luego de estos sucesos, se dio el golpe de Estado del coronel Enrique Peralta Azurdia el 31 de marzo de 1963 y durante su gobierno de facto, se elaboró la Constitución de 1965, la cual acusó un carácter contrainsurgente y furiosamente anticomunista.  También en esta época se creó el único partido propiamente militar de la historia política del país: El Partido Institucional Democrático –PID– que luego cogobernara con el Movimiento de Liberación Nacional –MLN– de Mario Sandoval Alarcón (el famoso Mico Sandoval) y finalmente con el Partido Revolucionario que llevó al general Fernando Romero Lucas García al poder.

A pesar de estas garantías los militares efectuaron otro “pacto”, más vergonzoso y descarado aun, el conocido como El Concordato[iii] y el cual describo en dos artículos consecutivos (https://cronica.com.gt/jose-alfredo-calderon-e-el-concordato-maligno-primera-parte/ y https://cronica.com.gt/jose-alfredo-calderon-el-concordato-maligno-segunda-parte/ del 17 y 24 de mayo de 2017). En resumen, el alto mando militar se comprometía a respetar el resultado de las elecciones, en la que resultó ganador el binomio de Julio César Méndez Montenegro y Clemente Marroquín Rojas para gobernar 1966-1970, pero con una condición ineludible: “Las garantías a que se refiere esta cláusula quedan sujetas a que se observen las condiciones que se consignan en este documento.”

Posteriormente, ya con la “victoria” de Carlos Manuel Arana Osorio y Eduardo Cáceres Lenhoff en 1970, el ejército como institución se había consolidado al igual que su alianza con el poder económico de las élites.

El 8 de agosto de 1983, el general Oscar Humberto Mejía Víctores dio golpe de Estado al también golpista y general José Efraín Ríos Montt, quien, a su vez, había liderado la asonada del 23 de marzo de 1982. Luego del segundo golpe, se “necesitaba” de otro pacto, pero después de 20 años de vigencia de la Constitución de 1965, los militares y las élites decidieron hacer otra Carta Magna.

La experiencia de la filtración de los documentos mencionados en el presente artículo y que desnudaron la sinuosidad de la institución castrense, obligaron a que las presiones al poder civil se dieran de otra forma. Incluso, Vinicio Cerezo (1986-1991) fue, junto al Dr. Arévalo, el presidente constitucional con más intentos de golpe, destacando los llamados “golpes de Estado Técnicos” de mayo de 1988 y mayo de 1989.  Es decir, en esta modalidad, la presión no requiere asaltar abiertamente el gobierno legítimamente constituido sino garantizar que el presidente de turno haga lo que la cúpula militar y empresarial demanda.

Finalmente, llega la democracia formal y restringida que conocemos como “era democrática” de 1986 a la fecha. Los llamados pactos fueron herramientas fundamentales para condicionar primero y consolidar después, el poder militar en este país.


[i] Según la primera acepción del DRAE, Pacto es: “Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado”.

[ii] Que estaban de visita en Guatemala en esa época.

[iii] Aunque en realidad el Concordato es un Tratado o convenio sobre asuntos eclesiásticos que el Gobierno de un Estado hace con la Santa Sede, así fue conocido este entuerto de 1966.


Compartir