Protestas no ceden: 20 puntos de carreteras amanecen bloqueados en 4o. día de Paro Nacional

  • Los manifestantes exigen la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana, para frenar el acoso contra la democracia; las cortes no detienen las acciones del MP en su intención por declarar fraudulenta la votación del 20 de agosto

Continúa por cuarto día consecutivo el pulso entre grupos ciudadanos y organizaciones populares en contra de las acciones del Ministerio Público (MP) para impedir la llegada a la presidencia de Bernardo Arévalo, y al menos 20 puntos de la red vial amanecen este jueves con bloques, en el cuarto día consecutivo del Paro Nacional, que demanda la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

Provial ha dado a conocer los bloqueos que se registran este día, en un movimiento que mantiene presión sobre el oficialismo, mientras en las cortes se sigue retardando o impidiendo las acciones presentadas en contra de las acciones que se lleva a cabo el Ministerio Público (MP) contra las elecciones de segunda vuelta, autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el partido Semilla.

Lo mismo sucede en la ciudad capital, en donde un grupo de manifestantes se mantiene rodeando las instalaciones del MP en Gerona (zona 1), como medida de presión contra la fiscal general, Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, a quienes se les exige la renuncia.

Mientras el país y la democracia viven un momento critico, el Gobierno emitió ayer un comunicado con información sobre el reinició de las reuniones de transición entre funcionarios públicos y el equipo de trabajo del futuro gobernante.

El comunicado muestra un optimismo que no se refleja en el ambiente político del país. Destaca que en un ambiente «de optimismo y confianza» se retomó este miércoles el proceso de transición, en el que participan los grupos de trabajo. Por el del futuro Gobierno es la vicepresidenta electa, Karin Herrera quien lo encabeza. La OEA también participa como observador de estas reuniones, se indica.

Pero el ambiente nacional no es de «optimismo y confianza», sobre todo, porque ni la Corte de Constitucionalidad (CC) ni la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –ambas de corte oficialista–, han tenido resoluciones para impedir que continúen las acciones del MP contra las elecciones, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el partido Semilla, al que se pretende despojar de su personería jurídica por una resolución del juez Orellana.

El mismo juez es el que ha ordenado los allanamientos a las instalaciones del, los cuáles preteden obtener «pruebas» para mostrar un fraude por supuestas denuncias que el fiscal Curruchiche dice que han presentado mil «valientes guatemaltecos» que aseguran que hubo fraude.

El caso se mantiene «bajo reserva» a solicitud del MP y no se ha dicho a la ciudadanía lo que se busca. Las autoridades del TSE han denunciado ante la CSJ y la CC las acciones extralimitadas de parte de la fiscalía e insisten en que el mandato constitucional y la ley establece que el ese tribunal es el encargado de ver el tema electoral y de partidos políticos, todo regido por una ley que tiene carácter constitucional y está por encima del Código Penal.

El Paro Nacional puede traer consecuencias significativas pronto, toda vez que se detiene la actividad de algunos sectores de la economía y el abastecimiento de la ciudad capital y otras del país.

Las cámaras empresariales del Agro y de Industria se han manifestado en contra de los bloqueos y piden de las autoridades del ministerio de gobernación que liberen los puntos bloqueados.

Ayer se registró el primer incidente en la cumbre de Alaska, en donde hubo disparos de desconocidos contra los manifestantes, con saldo de heridos y un momento de terror en el punto.

El MP ha expresado en redes sociales que los manifestantes están violando las leyes del país y llegan a mencionar incluso el delito de sedición, que sería un intento de derrocar al Gobierno. Los organizadores por su parte, dicen que «no nos han dejado otra vía de protesta», y recuerdan que varias organizaciones indígenas presentaron solicitudes formales ante el Congreso, el MP y el Ejecutivo, para que cesaran los ataques contra la democracia y se detuviera legislación que consideran atenta contra los intereses del pueblo.

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