- ICEFI sugiere que se retire de discusión en el Congreso y que se someta a mayor análisis y discusiones para evitar una ley que fomente corrupción en el Estado.
- El presidente tiene apoyo de alcaldes para impulsar la legislación y facilitar contrataciones en el año electoral.
La corrupción en el Estado se ha desbocado en los últimos años, sin que surja alguna iniciativa de ley para penalizarla con más severidad y/o crear mecánicas más transparentes para compras y contrataciones. Ahora, el oficialismo impulsa una nueva Ley de Contrataciones, que ya recibe criticas de la oposición y de organismos especializados en transparencia.
Mientras el Congreso aprueba con «prisa injustificada» la iniciativa del Ejecutivo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Ifesi), recomienda «discutir y analizara técnicamente» el proyecto de ley, al tiempo que sugiere que se saque de la agenda legislativa para «agotar los estudios» para armarla con herramientas de transparencia.
La poca oposición que hay en el Congreso se muestra indignada con la iniciativa, que cuenta con 139 artículos, y advierten los diputados Aldo Dávila y Orlando Blanco que se está preparando una «piñata» para tener recursos en el año electoral, lo que podrían aprovechar alcaldes y diputados para buscar su reelección.
A criterio del Icefi, la Comisión de Finanzas del Congreso «debió haber estudiado y discutido esta propuesta con rigor técnico, a detalle y profundidad», cosa que no sucedió y por eso el avance acelerado que ha tenido en el pleno, en donde ha pasado ya dos lecturas con los votos de la «alianza oficialista».
.Dicha comisión tuvo solamente dos días hábiles la iniciativa del Ejecutivo y esta semana la ha aprobado a marchas forzadas, en el afán de pasarla en tercera lectura lo antes posible.
Según Icefi, «la alianza oficialista de esta legislatura tiene antecedentes muy graves de tácticas parlamentarias ilegítimas y equivocadas, por ejemplo, los incidentes acaecidos en noviembre de 2020 con la discusión del presupuesto para 2021, que generó protestas ciudadanas masivas y una represión brutal y violenta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La negativa a discutir propuestas como esta agudizan el descontento ciudadano, por los escándalos de fraudes y corrupción demasiado frecuentes en las compras y las contrataciones que realizan las entidades públicas».
Al margen de estas anomalías graves de procedimiento parlamentario, al analizar el contenido de la iniciativa 6141 el Icefi advierte otro problema serio de forma. La gran mayoría del texto de la propuesta coincide con la Ley de Contrataciones del Estado actual, por lo que, en realidad, no es una ley nueva, sino otra reforma que no propone una reforma estructural hacia un nuevo y mejor sistema de adquisiciones públicas, con los estándares internacionales más modernos en la materia.
Entre los cambios de fondo, Icefi advierte sobre algunos de ellos: actualizar los montos a partir de los cuales son obligatorias ciertas modalidades de adquisición pública; la creación una nueva modalidad de adquisición pública, con características similares al contrato abierto existente; el reemplazo de las juntas de adjudicación por comisiones de evaluación; cambios en la definición de autoridades responsables de adjudicar negocios; nuevas reglas para el caso de proveedor único; normativa nueva para la enajenación de bienes del Estado; cambios a las normas para establecer precios de referencia; y, mecanismos para atender emergencias.
Destacan como cuestionables, o preocupantes por ser disposiciones que podrían resultar muy vulnerables a la corrupción y el abuso, las propuestas para el caso de excepción específico para las municipalidades y la supresión del certificado de disponibilidad presupuestaria como requisito para casos en los que se permite la omisión del contrato, entre otros.
Los diputados opositores destacan que se pretende dotar de facilidades a funcionarios públicos para favorecerles en un año electoral, pero además se abren las puertas para mayor corrupción, por la falta de controles.