El presupuesto nacional es, en teoría, el instrumento central que permite consolidar y dar respuesta a las políticas públicas. Pero en un país en el cual las políticas son buenos compendios que solo sirven para guardarse en estanterías y bodegas de instituciones públicas, el presupuesto es el referente para dar continuidad al botín que siempre ha sido el Estado, su institucionalidad y las finanzas públicas.
El proyecto recién presentado por el Ejecutivo es más de lo mismo. Plantea, en positivo, el incremento de presupuestos prioritarios (salud, educación, seguridad y justicia). La mala noticia es que, para lograr esos aumentos, se deberá activar una vez más la maquinaria del endeudamiento por la vía de bonos y préstamos. Fórmula repasada, que aunque suele ser común en el diseño presupuestario, se ha prestado en nuestro caso en un mecanismo viciado que a la larga genera enormes costos económicos, sociales y políticos, y ningún agregado en términos de beneficios. Lo que una mano da, la otra la quita.
Por todo lo demás, el proyecto prevé el incremento de más de nueve mil de quetzales al monto aprobado para el año en curso. Nuevamente, un proyecto desfinanciado que no solo aumentará el déficit fiscal, sino que mantendrá el portón abierto para la manipulación de los recursos desde su aprobación, ejecución y tendencia hacia el cambio constante. Desde esa perspectiva, es un instrumento que aceitará los apoyos políticos que el Ejecutivo necesita para compensar lo que la bancada oficial no puede, ni podrá aportar. Tal como está diseñado, será nuevamente factor indispensable para el chantaje constante, para las tradicionales negociaciones en corto, para incentivar a actores que están tras la gama de botines que año con año se ofrecen. La única esperanza será que, en su paso obligado por el Congreso, aparezcan algunos planteamientos que reduzcan la tendencia a la opacidad y se incorporen fuertes controles para su ejecución. Disminuir el monto total debe ser una prioridad.
No olvidemos que su aprobación dependerá de la capacidad de maniobra que el Ejecutivo pueda hacer en el órgano decisor. Cabría interés de poner en marcha cierto tipo de músculo, si hubiese proyecto con sentido colectivo y prioridades medianamente claras. Como eso no existe, cabe la tendencia del poco interés. Además, si se mantiene el reparto de recursos (para aceitar los engranajes del poder), se garantizará el mínimo de oxígeno (negocios) para que se mantenga el mínimo de gobernabilidad para seguir a flote. Tampoco importa aumentar ese margen de maniobra, pero sí interesa refuncionalizar a sectores que han quedado afectados con los casos de corrupción (contratistas, proveedores, representantes del capital nacional, financistas de sectores estratégicos). Desde esa perspectiva, el presupuesto continuará siendo una caja de recursos para beneficio de unos pocos.
No olvidemos que el presupuesto no prevé el aumento de la inversión pública, que seguirá siendo de las más bajas en América Latina. Tampoco contempla, a excepción de financiar el censo nacional, la ejecución de proyectos de envergadura; tendencia persistente desde hace más de 30 años. Corre el riesgo de que los recursos previstos sirvan para dos rubros que no necesariamente agregan valor: 1) pago de deuda de arrastre, sin que tengamos claro si los pagos pendientes se justifican en términos de precios, beneficios, transparencia; 2) gastos de funcionamiento, donde cabe de todo. Desde el pago necesario a maestros, policías y servidores de la salud (especialmente), hasta los salarios y honorarios de una masa de empleados, funcionarios y asesores fantasmas o cuyas funciones son artificiales, son producto de pactos, tráfico de influencias, pago de favores. Persiste el empaquetado de recursos que incentivan un sistema sofisticado y enquistado, orientado a mantener el estado precario, las instituciones colapsadas, el régimen de privilegios, la opacidad en su manejo y la tendencia hacia el desinterés por los asuntos/prioridades de fondos.
renzolautaro.rosal@gmail.com