Por: Enma Reyes
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó este jueves una nueva solicitud de antejuicio en contra del ministro de Economía, Acisclo Valladares, ahora por el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de dinero.
Los delitos que se le señalan son asociación ilícita y lavado de dinero.
El 5 de agosto pasado, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron a conocer sobre una red integrada por Gustavo Alejos Cambara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012, el expresidente Otto Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Insttituo Guatemalteco de Seguridad Social, Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía, y el empresario José Maynor Palacios Guerra.
Este grupo tenía como objetivo apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente.
Según el MP y la CICIG, Alejos recibió US$7 millones 297 mil 650 de Palacios Guerra y sus empresas entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, es decir, entre el último año de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza y el primero del Partido Patriota.
Los indicios relacionan a Acisclo Valladares en actividades de blanqueo debido a que manejó las acciones de tres sociedades Off Shore con sede en Panamá, las que, de acuerdo a los documentos de la Fiscalía, recibieron recursos ilícitos relacionados a Gustavo Alejos, que a su vez recibió sobornos del empresario constructor Palacios Guerra.
La información proporcionada por la FECI explica que cada una de las Off Shore era propietaria de un apartamento en el edificio Casa Margarita.
En declaraciones a medios de comunicación, Juan Francisco Sandoval, titular de la FECi, afirmó que este es un reflejo claro de cómo operan ciertas redes de corrupción, “las cuales asumen compromisos antes de iniciar alguna administración gubernamental, en este caso en la construcción de obra”.
Primera solicitud de antejuicio
El pasado 7 de mayo, la FECI y CICIG presentaron la primera solicitud de retiro de inmunidad en contra del ministro Valladares Urruela y siete diputados de la actual Legislatura por el caso TIGO.
De acuerdo con la Fiscalía, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien, mediante promesas de dinero, habría asegurado la aprobación de leyes, asignación de cargos directivos, entre otros asuntos en el Congreso por medio de la bancada del Partido Patriota entre los años 2012 y 2014.
Uno de esos casos involucraría a la empresa de telefonía Tigo y la aprobación en 2014 de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos. Según las pesquisas, en los pagos habría intervenido Valladares Urruela, quien en ese entones fungía como directivo de la Fundación de la compañía telefónica.