El diputado Aldo Dávila pidió que se haga una revisión de las plazas laborales, incrementos salariales y ascensos otorgados por las juntas directivas del Congreso que fueron presididas por Allan Rodríguez.
El congresista independiente solicitó que, en caso se hayan cometido “irregularidades e ilegalidades”, se proceda a presentar acciones administrativas y penales. El requerimiento fue hecho a Shirley Rivera, quien actualmente dirige el Legislativo.
Dávila mencionó que, cuando Rodríguez fue presidente de dicho organismo del Estado, se otorgaron distintos puestos de trabajo en “negociaciones oscuras” y se les aumentó el sueldo a miembros de un sindicato.
Contrataciones
El Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (Stol) denunció que 50 personas obtuvieron una plaza con prestaciones sin que se tomara como prioridad a personas con antigüedad.
Según Xiomara Conde, secretaria general del Stol, muchos de los trabajadores que recibieron los contratos no tenían ni siquiera un año de trabajar en el Congreso.
“Nosotros denunciamos a la nueva junta directiva todas las contrataciones que se hicieron, aumentos que hubo y todas las anomalías que se dieron en los años 2020 y 2021”, insistió Conde.
Se decidió a presentar las denuncias a la actual directiva con el objetivo de “agotar la vía administrativa”. “Donde les hacemos ver concursos por oposición interna que eran para los 011, pero en esa convocatoria lamentablemente le dieron lugar a los 022, irrespetando la legislación interna”, añadió Conde.
Aumentos
Otras 54 personas, según el Stol, obtuvieron un aumento salarial injustificado, ya que no existe un respaldo documental que especifique las evaluaciones de desempeño que tomó la directiva de Rodríguez para promover aumentos de hasta Q14 mil.
Esos cambios de puesto y aumentos de sueldo otorgados supuestamente de manera discrecional habrían hecho incluso que muchos trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor), el grupo mayoritario, se desvincularan, señalando que había preferencias.
“Hubo aumentos de Q900 hasta Q8 mil; incluso hay unos de Q14 mil, que creo que son de los que entraron a concursos por oposición. Por todas estas irregularidades, muchas personas se han venido a afiliar a nuestro sindicato. La verdad, nosotros no participamos en las juntas mixtas, solo lo hace un sindicato —Sintracor, por ser el mayoritario—, pero ahora nosotros estamos solicitando las actas para saber qué criterios se utilizaron para los ascensos”, refirió la secretaria general del Stol.
El detonante de la denuncia pública fue la intención que tuvo Rodríguez de querer ocultar la nómina de empleados.
Aunque la nueva directiva dio marcha atrás dos días después de hacerse pública la medida, podría haber responsabilidad penal de fondo, según un análisis anterior del grupo de abogados del Stol.
Parte de la estrategia administrativa para salir de Guatenóminas habría sido orquestada por Éber Juan Carlos Mejía, quien pasó de director de Recursos Humanos a encargado del despacho.
Por la normativa interna del Congreso, según Conde, ese movimiento no tiene justificación; además, se acredita en actas que Mejía dejó su puesto como director de Recursos Humanos en diciembre, pero en enero de este año envió oficios respaldando la desvinculación de Guatenóminas, firmando como director.
“Nosotros lo vemos como un fraude de ley, porque el puesto se lo bajaron para no ser destituido. A él lo nombran encargado de despacho en un punto de acta del 22 de diciembre, diciendo que estará vacante la plaza de director. Entonces, ¿por qué el 6 de enero firma como director en un documento que se envió al Ministerio de Finanzas y el 11 de enero manda una circular a todos los empleados como encargado? Entonces, ¿o es director o es encargado? ¿Renunció o lo destituyeron? No sabemos qué pasó. No solo es él, entiendo que son cuatro directivos en total”, manifestó Conde.