La Procuraduría General de la Nación, como representante del Estado, considera que el Congreso de la República debe aprobar la concesión para que siga operando la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), de lo contrario habría riesgo de quiebra, luego de haber firmado un memorándum de entendimiento con AMP, la matriz internacional portuaria.
Lo anterior fue informado por la titular de la PGN, Anabella Morfín, quien durante conferencia de prensa conjunta dijo que la Empresa Portuaria Quetzal (TCQ), se compromete a solicitar al Legislativo, mediante el conducto del Presidente de la República, la aprobación de la normativa, con la cual se concretarían las operaciones de TCQ hasta por 21 años.
Morfín agregó que parte del entendimiento incluye que APM-Terminals se compromete a otorgar una reparación civil al Estado por US$32.7 millones, así como otros US$10.5 millones en inversiones anuales. El compromiso incluye que la empresa portuaria deberá rendir un informe anual sobre la producción y publicarlo en el Diario de Centroamérica.
APM confirma memorándum
Por su parte, APM confirmó el memorándum de entendimiento con el Gobierno, por lo cual considera que “el futuro de la Terminal de Contenedores Quetzal está sujeta a la aprobación del Congreso”.
Agrega que el Memorándum es una expresión de buena fe entre las partes para alcanzar una solución, que sea tanto transparente como legal, con el fin de operar esta importante terminal en beneficio del Estado guatemalteco y su gente. El Memorándum estipula la entrada en vigencia de un acuerdo de concesión a ser aprobado por el Congreso y un monto a pagar como reparación civil.
“La terminal ahora aguarda la aprobación del Memorándum por parte del Congreso en un término de 40 días luego de ser presentado ante el pleno para discusión. Se espera que ésta empiece a trabajar lo más pronto posible, dado que las operaciones portuarias entre otras, son un motor importante para la economía guatemalteca, brindando empleos, facilitando la exportación e importación de bienes y generando ingresos para el Estado tanto fiscales como portuarios”.
“Comprendemos la importancia de implementar esta ruta legal por la vía del Congreso a través de un proceso transparente y avalado por el Gobierno de Guatemala. Confiamos que el Congreso tomará una decisión considerando el bienestar y los intereses del Estado de Guatemala y su gente”, dijo Susanne Marston, Vicepresidenta de APM Terminals.
El monto aceptado por APM Terminals para pagar al Estado de Guatemala, como reparación civil, es de USD 43.2 millones. Este monto incluye la suma de USD 10.5 millones que se invertirán durante la vigencia del acuerdo de concesión en proyectos de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la población de Escuintla, en las áreas de salud, educación y desarrollo social.
El Memorándum y su implementación, no afectarán en ningún modo la responsabilidad penal que le pueda corresponder a cualquier individuo involucrado en las investigaciones que realizan las autoridades del país, señala un comunicado.