En la pasada campaña electoral, el presidente Jimmy Morales dijo no más impuestos. Ocho meses después, y sin ningún tipo de discusión y con poco análisis, se lanza un PAQUETAZO tributario. El problema de fondo es que no hay una política pública de transparencia, el Gobierno no ha ganado credibilidad, y el malestar y rechazo a los impuestos se ha generalizado. Institucionalmente tampoco hay respaldo.
Elder Interiano / einteriano@cronica.com.gt
No se percibe transparencia en la mayoría de instituciones del Estado. Tampoco brilla la eficiencia administrativa del Gobierno, y el fantasma de la corrupción sigue siendo gigante. En medio de este panorama nacional, el presidente Jimmy Morales se olvida de su promesa de no más impuestos, y pide una reforma tributaria al Congreso. Tampoco ha existido un diálogo abierto.
El rechazo ha sido inmediato
La propuesta tributaria para captar Q5 mil 869 millones, mediante modificaciones a los impuestos al cemento, al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a los derivados del petróleo y regalías de la actividad minera, no convencen a los guatemaltecos, por considerar que la situación que provocaron las manifestaciones en la Plaza de la Constitución no han variado.
Algunos piensan que al menos se debieron retomar los principios del maltrecho Pacto Fiscal de hace años, pero nadie se muestra satisfecho. Los expertos en temas fiscales, a favor de incrementar la recaudación en términos generales, ven en la iniciativa del presidente Morales muchas debilidades, y nadie la considera integral, y sí muy confusa.
La sociedad, por su parte, exige transparencia, controles y ajustes en los gastos de ministerios y el Organismo Legislativo. Además, señalan que antes de hablar de otra reforma fiscal se debe continuar con el combate a la corrupción.
Esta propuesta fiscal ha sido motivo de diversos análisis por parte de tanques de pensamiento, dirigentes sindicales, políticos, economistas y hasta religiosos; incluso, ya está en boca de guatemaltecos que laboran como obreros en distintos puntos del país, aunque su postura es la misma: el rechazo a estos nuevos tributos.
Indignación causó en redes sociales el video de una entrevista que el periodista José Eduardo Baldizán, que en ese entonces trabajaba en Tv Azteca, realizó a Morales cuando aún era candidato presidencial, quien reiteró categóricamente: no más impuestos, porque afectan pueblo, por lo que recomendó que lo que había que hacer es apretarse el cincho.
Coincide el descontento
La mayoría de consultados en los distintos medios de prensa coinciden en que los más afectados por este nuevo paquete fiscal serían los guatemaltecos de clase media y media baja, lo que explica una mayor oposición en las zonas urbanas, como la capital.
En cambio, ven de aliados al Gobierno a los grupos sindicales del magisterio y salubristas, que en el pasado han sido utilizados por otros gobiernos con el fin de presionar al Congreso para que apruebe mayores recursos, aduciendo mejoras para Educación y Salud.
La situación es complicada si se quiere incrementar el Presupuesto 2017 en los niveles que pretende el Gobierno –a más de Q70 mil millones–, porque los ingresos entonces serían insuficientes para financiarlo, por más que se siga fortaleciendo la gestión de la SAT, como ha ocurrido hasta ahora.
En el Legislativo se mencionan supuestas alianzas con el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y otras bancadas afines, con tal de consensuar su aprobación. Se teme que de por medio pueda haber prebendas, como sucedió en el pasado.
Alejandro Aguirre, del Instituto por la Democracia (ID), considera que el país necesita una reforma fiscal integral que conlleve a fortalecer los ingresos tributarios provenientes de los impuestos directos, pero, a la vez, mejorar la calidad del gasto público. Además, señala que la actual iniciativa es deficiente.
Si pensamos en esa reforma integral, se queda en lo tributario. Es una propuesta débil que no soluciona la problemática de las finanzas públicas del país, concluye.
José Pérez es un taxista que labora en uno de los municipios de la ciudad, comenta que por un viaje corto, de unos 10 o 15 kilómetros, cobra entre Q20 a Q25; sin embargo agrega haber escuchado que van a aumentar los impuestos, y por ello dice que no le queda otra opción que subirle a la tarifa. Si no hago la cuota que me pide el dueño del taxi, salgo perdiendo. No quedará otra que aumentarle al viaje, lamentablemente, alguien tiene que pagar estas injusticias, agrega.
El aumento a los combustibles, principalmente el diésel, constituirá un latente incremento al pasaje urbano y extraurbano, del mismo modo que en otros medios de transporte, como los taxis, fletes y tuc tuc, por lo que Artemio Juárez, presidente de la Asociación de Transportistas Internacionales, estima que de aprobarse esta reforma fiscal, el valor de los fletes subiría un 30 por ciento, por tratarse de una reacción en cadena.
Incoherencias y preocupaciones
Desde el punto de vista fiscal y técnico, la propuesta presenta deficiencias e incongruencias, y por ello es considerada como bastante embrionaria, por lo cual, consideran otros especialistas, deberá ser corregida y mejorada en la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, aunque esto suponga otros riesgos, porque los diputados no terminan de demostrar que tienen capacidad para legislar adecuadamente.
Para empezar, se quiere restituir, a como estaba antes de la reforma de 2012 para los trabajadores asalariados, el crédito del IVA a cuenta del ISR, como un mecanismo para estimular a los consumidores a pedir factura.
Mire, antes de la reforma de 2012 se recaudaban Q500 millones de asalariados, con la reforma se están recaudando alrededor de Q1 mil millones. Cómo es que piensan recaudar Q240 millones más el año entrante, regresando a un régimen donde se recaudaba la mitad de lo actual, se pregunta Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Para él, ese sistema al que se quiere regresar es obsoleto. Es una medida más de carácter político, en la cual el gobierno, posiblemente, busque congraciarse con algún grupo de asalariados, expone luego, al intentar darle una explicación a esa decisión, y agrega que el resto de medidas del ISR le parecen correctas.
Lo que sí les quita el sueño, por los impactos económicos y sociales, es la intención de incrementar el impuesto al diésel, de Q1.30 por galón a Q4.30. Un aumento a ese combustible elevaría los costos del transporte urbano, extraurbano, comercial y de mercancías, coincide con otros analistas.
Todo ello redundaría en un aumento del pasaje del transporte público, y cuyo intento ha ocasionado en el pasado graves focos de conflictividad, un alza de la inflación en los alimentos, y la afectada sería la población que vive en pobreza y pobreza extrema. Obviamente, quien propuso lo del diésel desconoce la realidad guatemalteca. Es una medida que solo sube tasas impositivas y no discute el destino del gasto y la transparencia. Esa es una carencia, concluye Barrientos.
Sin transparencia y calidad del gasto
El proceso político está ausente, en el sentido de que el presidente y su equipo no nos están planteando una visión de país, un plan para gastarse ese dinero. Nos deberían explicar qué quieren hacer con ello, dice Daniel Haering, analista político y catedrático universitario.
Luego agrega: Desde enero tiene que haber existido un proceso de resultados políticos que legitimara la propuesta. Pero hemos tenido una presidencia muy débil, con pocas ideas políticas; pero, de repente, nos dicen que ahora vamos a pagar más impuestos.
Sumado a ello, no incluye componentes de transparencia y calidad del gasto. Es decir, se siguen cometiendo los mismos errores que en el pasado hicieron fracasar otros intentos de reforma tributaria.
Jorge Wong, del Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), al referirse a la inexistencia de una propuesta paralela de transparencia y calidad del gasto, afirma: Afecta demasiado, porque el gobierno no está dando resultados. Toda la dinámica que está ocurriendo —en la lucha contra la corrupción y la impunidad—, el apoyo a la CICIG y MP vienen de afuera, no del gobierno.
¿Por qué fracasaron en el pasado?
Muchas de las propuestas de reformas anteriores fracasaron, según el Icefi, por un diseño pobre, y por ello y a causa de la falta de integralidad fueron declaradas inconstitucionales, ya que solo se concentraron en impuestos y descuidaron la parte del gasto y la deuda.
Álvaro Pop, analista político, enfatiza que el primer obstáculo ha sido la posición de las Cámaras e instituciones pseudoacadémicas, que en el marco de la lógica de mercado han promovido el desmantelamiento del Estado.
Por otra parte, Édgar Gutiérrez, coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales (Ipnusac), considera que el gobierno no está presentando un plan de destino prioritario del gasto, ni medidas de transparencia que garanticen la eficiencia de su ejecución y agrega que los anteriores intentos de reformas fiscales han fracasado porque son parches, ensayo y error, y aplican una visión unilateral: solo se ve el tributo, es decir, el medio, no su fin, que es mejorar la distribución del ingreso dando acceso a la mayoría de la población a los servicios básicos.
La ineficiencia del gasto público es un tema latente en el cuestionamiento de este paquete tributario, pues el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, argumenta que por cada Q1 que se tributa, los guatemaltecos no reciben nada, casi nada, pues ese dinero se malgasta todo el tiempo. Entonces, qué sentido tiene trasladar más recursos de los contribuyentes a un gobierno ineficiente y desordenado.
Los impuestos nunca reciben aplausos de la población, pero en esta ocasión parece que no hay sectores que aprueben la propuesta oficial, ya sea por los efectos que pueda provocar o porque, en el fondo, se percibe que no resolverá ningún problema y se generará otros.