Otro caso de acoso judicial: presidenta de la CC demanda a periodistas de El Periódico

Otro caso de acoso judicial: hija de la presidenta de la CC demanda a periodistas de El Periódico

  • Dina Bosch Ocho demanda bajo ley de Femicidio a José Rubén Zamora, Gerson Ortiz y Cristian Veliz.
  • Lo hace por publicación de noticia sobre la renovación de su contrato en el TSE

El diario elPeriódico publicó el pasado 22 de abril que el Tribunal Suprema electoral (TSE) renovó el contrato de Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa, lo que provocó una demandara contra tres periodistas de ese diario por considerar que fue ofendida en su condición de mujer y pide que se aplique la Ley de Femicidio, por los efectos “psíquicos” provocados a su persona.

Los periodistas demandados –a quien un juez les ha prohibido acercarse a ella y no publicar nada sobre su “grupo familiar“ durante ocho meses –, son el presidente del diario, José rubén Zamora, el jefe de Redacción, Gerson Ortíz y el redactor de la nota, Cristian Velix.

La demanda contraviene el artículo 35 de Constitución de la República, el cual establece los mecanismos legales que existen cuando una persona se considera agraviada por una publicación, pero además, excluye de esos derechos a los funcionarios públicos, que tienen que recurrir a instancias diferentes.

La Ley de femicidio es una ley inferior, pero además, el artículo 35 dice claramente que “ninguna Ley podrá limitar” el derecho a la información.

Esto es lo que dice el artículo 35 constitucional:

Artículo 35 Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados.

El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. Las actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social. Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho.

La práctica de acusar a periodistas bajo la Ley de Femicidio la han utilizado varias funcionarias públicas para demandar a Zamora, quien ya acumula una docena de este tipo de procesos que, como en este caso, los jueces aceptan y hacen que avancen, a pesar de que es evidente que debieran seguir la vía de los llamados en la Ley respectiva “tribunales de imprenta”

Dina Alejandra Bosch Ochoa (izquierda), gana Q20 mil mensuales en el TSE. En redes sociales comentan que se trata de una plaza fantasma, pues no acude a trabajar.

Organizaciones nacionales a internacionales que luchan por la libertad de prensa conocerán de la demanda de la hija de la magistrada Ochoa, a quien se reconoce en círculos pro justicia como parte integrante de la alianza oficialista, que ha venido acosando judicialmente a opositores, exjueces y exfiscales que han luchado contra la corrupción y a otros que considera opositores al régimen.

Lo que se ha denunciado por medio de la prensa independiente, es que el TSE, la CC, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el Ministerio Público, responden a los intereses de esta alianza, que incluye a partidos políticos, mafias, empresarios, militares, y magistrados. La contratación de familiares entre diferentes instituciones del Estado es una forma de “pagar favores”y se mantener una unidad con cohesión política.

El presidente del TSE, Ranulfo Ranulfo Rojas, ha sido favorecido por el Ministerio Público al no abrir ninguna investigación sobre la falsificación de documentos utilizados para postularse para el cargo de magistrado. La propia Universidad Da Vinci denunció que se falsificó el título de posgrado de dos magistrados del TSE, uno de ellos Rojas, encargado de renovar el contrato a Bosch Ochoa –hija de la magistrada Ochoa–, quien tiene el cargo de asesora de ese organismo con un sueldo de Q20.000 mensuales

Esta es la publicación de elPeriódico, que provocó la acción penal de la hija de la presidenta de la CC. La noticia está basada en hechos e informes oficiales y el TSE no la negó ni aclaró. El hecho es que demuestra la forma en que muchas instituciones del Estado hacen contrataciones para pagar “favores políticos”.