Tras las últimas capturas dirigidas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), varias organizaciones sociales, pro-justicia y de derechos humanos se pronunciaron a favor de funcionarios gubernamentales que rechazan actos de corrupción durante su gestión.
Además, solicitaron a la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, que revise el contrato otorgado a las televisoras nacionales, las constructoras y cualquier entidad o empresa con sospechas de haber actuado de manera anómala.
Al Superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, le manifestaron su apoyo ante las decisiones que ha tomado en casos de defraudación tributaria y los intarpon a que profundice y amplíe las investigaciones en cada caso.
Los dirigentes sociales, representantes de organizaciones como Acción Ciudadana, Fundación Myrna Mack y Red Nacional por la Integridad, entre otras, mediante un comunicado de prensa, reconocen que ninguna de las actuaciones judiciales que se llevan a cabo serían posible sin el trabajo que realiza la fiscal general, Thelma Aldana.
Alentaron a los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia a actuar con imparcialidad en los casos que les ocupan, y solicitaron al presidente del Organismo Judicial a que se comprometa a agilizar los procesos de antejuicio que se siguen contra diputados del Congreso.