El pasado 09 de febrero, la Corte Suprema de Justicia decidió declarar con lugar la solicitud de antejuicio interpuesta contra el juez Pablo Xitumul de Paz, juez del tribunal primero de sentencia penal, narcoactividad y de delitos contra el ambiente, con competencia para conocer procesos de mayor riesgo del grupo “C”.
Ante ello, organizaciones internacionales que conforman el Observatorio Internacional sobre Guatemala han asegurado que han alertado en múltiples ocasiones acerca de ataques reiterados, persecución y criminalización contra operadores de justicia en el país.
“Estos ataques forman parte de un patrón sistemático que ha venido agravándose, y que tiene como denominador común, la utilización del sistema de justicia penal y de los sistemas disciplinarios, para socavar la independencia de jueces, juezas y fiscales que tienen a su cargo investigaciones y procesos penales de alta complejidad que afectan a individuos y grupos poderosos, y que involucran graves violaciones a los derechos humanos o corrupción a gran escala”, indican.
“De manera particular, este tipo de actos afecta a los jueces y juezas penales con competencia de mayor riesgo, y a los/as fiscales que integran o integraron la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala, quienes tienen o tuvieron el conocimiento de estos casos, así como a abogados/as nacionales y a ex funcionarios/as que integraron la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG)”. Como ha sido denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional, los ataques provienen o son impulsados tanto por el mismo sistema de justicia, desde el interior del Órgano Judicial y del Ministerio Público, con la participación directa o indirecta de sus propias autoridades; como por medio de agentes externos, gremiales, u organizaciones que promueven ataques, acoso y criminalización y cuya influencia en los aparatos de justicia es significativa”, señalan.
Además, rechazan enérgicamente la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia en el caso del juez Pablo Xitumul, que consideramos un gravísimo ataque a su independencia, y un inaceptable gesto que busca atemorizar y amedrentar a operadores de justicia en el país.
“Hacemos un llamado a las autoridades nacionales competentes, para que se abstengan de continuar los actos de criminalización e intimidación contra los operadores de justicia, y cuando corresponda en el marco de las acciones que se interpongan, revoquen esta decisión y restablezcan las garantías de independencia del juez Pablo Xitumul. Asimismo, convocamos a los organismos internacionales de derechos humanos, y a la comunidad internacional de naciones, para que se pronuncien decididamente en rechazo de estos actos, que ponen en entredicho la integridad del sistema democrático en el país”, puntualizan.
La solicitud de antejuicio se encuentra vinculada a una denuncia interpuesta contra el juez por un inspector policial con ocasión de un incidente de inspección vehicular en el que viajaba la familia del juez. Pese a existir evidencia documental que muestra al agente policial haciendo un uso desmedido de la fuerza -lo que fue denunciado por Xitumul y generó que dicho agente fuera ligado a proceso por abuso de autoridad-, este a su vez denunció penalmente a Xitumul, y habría recibido todo el apoyo del Ministerio de Gobernación para impulsar su solicitud de antejuicio. La reciente decisión de la Corte Suprema coloca al juez Xitumul en una situación de riesgo de ser privado de su libertad personal, sometido a medidas de arraigo, y a un proceso penal que carece de sustento fáctico.
Las organizaciones firmantes son:
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- Robert F. Kennedy Human Rights
- Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
- American Jewish World Service (AJWS)
- Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)
- Impunity Watch
- Programa ACTuando Juntas Jotay Guatemala
- Be Just
- Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
- Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC)
- Plataforma Internacional contra la Impunidad
- Protección Internacional Mesoamérica