Organizaciones exigen respetar resoluciones de la CC

Varias organizaciones que son parte de Convergencia por los Derechos Humanos emitieron un comunicado en donde muestran su inconformidad en relación a las acciones de los tres poderes del Estado de no obedecer varias resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Han vuelto costumbre desacatar las resoluciones de la CC y atentar contra el Estado de Derecho”, expusieron los firmantes.

La reacción se da varios después de conocerse que el Congreso de la República pretende conformar una pesquisidora para analizar el antejuicio contra la magistrada presidenta, Gloria Porras y el magistrado titular, Francisco de Mata Vela.

La persecución penal en contra de los magistrados se centra en resoluciones que afectaron los intereses de los corruptos de las élites políticas, económicas y criminales”, señalan.

Además, expuso su preocupación ante la posibilidad de perder toda garantía democrática en el país. “La Constitución de la República está en peligro, y con ella, el orden moral, político y jurídico”, añadieron, debido a que en ella se garantiza la paz y el desarrollo del país.

Para finalizar, la Convergencia de los Derechos Humanos exigió a los tres organismos del Estado, respetar las resoluciones de la CC y abstenerse de crear precedentes que colocarían a Guatemala como un país autoritario y violento. En especial, se refirió al Congreso, para que quiten de la agenda legislativa, conocer el antejuicio de los magistrados Mata Vela y Porras.

Antejuicio

La solicitud de retiro de inmunidad fue presentada por la Asociación Dignatarios de la Nación, quienes reciben financiamiento del Organismo Legislativo.

En la solicitud de retiro de inmunidad, esa Asociación cuestiona a los magistrados por un amparo provisional que detuvo la expulsión del embajador Anders Kompass, que ya terminó su mandato en Guatemala.

El pasado 8 de marzo se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trasladó al Congreso los expedientes de antejuicio a pesar de que la CC emitió una resolución que suspendió de forma definitiva las diligencias de antejuicio.