La oposición nicaragüense anunció este jueves el inicio de una campaña en favor de una reforma electoral «amplia» que asegure la transparencia en los comicios presidenciales de 2021, así como su propia participación en el proceso.
Los opositores respaldarán «los esfuerzos para lograr una reforma electoral amplia, plural y de consenso nacional que permita la salida democrática a la crisis que vive Nicaragua», señala una declaración, leída en rueda de prensa por la dirigente Violeta Granera.
Tales acciones incluyen una campaña para explicar la importancia de contar con un sistema electoral creíble para hacer cambios democráticos y resolver los problemas del país, explicó el líder opositor Félix Maradiaga.
La campaña es promovida por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que la semana pasada formaron una coalición para enfrentar al gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) en las elecciones de noviembre de 2021.
El actual sistema electoral de Nicaragua es controlado por aliados del presidente Daniel Ortega, según denuncias de la oposición y organismos internacionales.
Los cambios en el sistema electoral deben asegurar «la transparencia y garantías electorales que permitan una competencia en igualdad de condiciones», dijo la coalición.
También plantean prohibir la reelección presidencial para evitar que Ortega, en el poder desde 2007, se postule a un cuarto período sucesivo.
El representante empresarial Michael Levy dijo que la propuesta opositora cuenta con el respaldo de ese sector.
El diputado sandinista Gustavo Porras, presidente del parlamento, adelantó el pasado 9 de enero que este año una se votará una reforma electoral para determinar quiénes pueden participar en los comicios.
Afirmó que tal reforma tomará en cuenta las propuestas de los partidos constituidos legalmente, descartando debatir las propuestas de la coalición opositora.
La coalición advirtió que una «acción unilateral» del oficialismo «deteriorará» la crisis que vive el país desde que estallaron las protestas antigubernamentales en abril de 2018.
La represión a las protestas dejó 328 muertos, cientos de encarcelados, 85,000 exiliados y la economía en ruinas, según organismos humanitarios y empresariales.
En tanto, el dirigente opositor José Pallais indicó que buscarán apoyo a sus reformas con las fuerzas derechistas minoritarias en el congreso para impulsar su propuesta de reformas.