La Organización de Estados Americanos (OEA) informó este jueves que acepta la solicitud del Gobierno y la Asamblea Legislativa de El Salvador para enviar una misión al país, que tendrá como objetivo contribuir de «evaluar la situación política», garantizar el proceso electoral e investigar los hechos denunciado por ambas partes.
En un comunicado, la secretaría general de la OEA explicó que esta misión especial evaluará la situación político institucional y contribuirá en «la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana».
Según el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la organización había recibido solicitudes tanto del Gobierno como de la Asamblea Legislativa del país.
Almagro manifestó su disposición de que «la misión especial contribuya a facilitar el diálogo político que lleve al fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país, especialmente en lo que refiere a la independencia de poderes y a la investigación de los hechos denunciados por todas las partes».
Además, ante la proximidad de las elecciones convocadas para el próximo 28 de febrero, la misión «buscará contribuir a que los poderes del Estado salvadoreño brinden plenas garantías al proceso político electoral».
La OEA reiteró, por último, su «firme voluntad» de trabajar con ambos peticionarios «en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, de acuerdo a los principios de la Carta Democrática Interamericana».
Bukele
Este anuncio por parte de la OEA se da una semana después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mantuviera una reunión con Almagro en Washington.
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También se da pocos días después de que se cumpliera un año de la entrada de Bukele a la Asamblea con el Ejército, tras lo que casi una treintena de organizaciones salvadoreñas firmaron una petición dirigida a la OEA para que activara los mecanismos de la Carta Democrática referidas al mismo artículo 17.
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Entre estas razones señalaron la violación de la separación de poderes, violaciones de derechos civiles, uso de fuerza letal, vulneración de garantías democráticas y desobediencia del Ejecutivo a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Petición a la que la OEA no respondió.