- Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Guatemala en medio de la creciente crisis que mantiene en caos al país.
- Señala como responsable de la situación al Ministerio Públicos y a las cortes de justicia
La Conferencia Episcopal de Guatemala ha solicitado al presdidente Alejandro Giammattei que solicite la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, como una de las acciones para poner fin a la crisis sociopolítica que vive el país, luego de ocho días de Paro Nacional y el brote de una violencia que no se sabe si ha brotado de las protestas o es generada por grupos paramilitares.
En un comunicado divulgado, los obispos de Guatemala concluyen que «hemos analizado los acontecimientos que la sociedad guatemalteca ha vivido en los últimos días: manifestaciones populares de descontento, frustración y de reclamos crecientes. La situación de paro nacional que se ha desarrollado es el resultado de acciones de organismos del Estado, principalmente del Ministerio Público que, con apariencia de legalidad, son contrarias al bien común. El secuestro de las actas del proceso electoral estuvo amparado por la decisión de un juez y dicha acción se percibió como contraria
a la ley que otorga supremacía al Tribunal Supremo Electoral en materia electoral y como una violación del respeto debido al voto ciudadano libremente emitido. Fue percibido como un acto de prevaricación».
Añaden los obispos que «algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia, que debían restablecer el orden político, no han resuelto los conflictos pues se perciben como interpelaciones interesadas de la ley. El Estado, a través de estas instituciones no ha servido al Bien Común y por eso gran numero de ciudadanos se ha levantado en protesta y pide la destitución de quienes de manera flagrante han atropellado el proceso electoral.
En su parte más importante, los obispos piden al presidente Alejandro Giammattei Falla «cumplir con la responsabilidad que el mismo pueblo le ha confiado y que se explicita en los articulos 1 y 182 de la Constitucion de la Republica. Es necesario que se pronuncie en defensa del bien común y que atienda el clamor de quienes manifiestan en la calle y pida la renuncia de la fiscal general y jefe del Ministerio Público y que con ella renuncien sus colaboradores, ejecutores de las acciones que se han percibido como abusos y atropellos del proceso e electoral».
Consideran los obispos que con esta acción, el mandatario «demostrara la preocupación real de un gobernante que quiere la paz para sus conciudadanos»-
En un tono firme, los obsipos se dirigen en el comunicado también a la fiscal general y al fiscal Rafael Curruchiche, a quienes les piden que «consideren que ha llegado el momento de demostrar con acciones» y que es su responsabilidad ciudadana «presentar su renuncia», pues sus acciones «han sido el detonante No solamente sus acciones han sido detonante de la insatisfacción popular» y advierten que la misma se mantendrá «con todos sus efectos negativos» hasta que la petición popular haya sido escuchada».
Concluyen apelando a la «conciencia del presidente de la República, de la fiscal general y de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia para que ante Dios ese Dios que la Constitución invoca en su preámbulo, dejen intereses sectoriales o personales y tomen las acciones que conduzcan al país a la normalización política».