Los tres poderes del Estado pasan por momentos de aprieto. En el caso del Ejecutivo, el gobernante se sostiene de un hilo y solo un fuerte timonazo lo podría enderezar, aunque sea al mínimo. El Legislativo se sostiene producto del fuerte liderazgo de su presidente, sumado al efecto temor que invade los corrillos del Parlamento y la visibilidad que permanece como foco permanente sobre lo que sucede a su interior (al menos, las acciones más importantes). En el caso de la Corte Suprema de Justicia, después de la salida presurosa de dos de sus magistrados hace unos meses, poca presencia tenía en la agenda mediática; lo cual ha cambiado radicalmente desde un par de semanas. La elección de su nueva presidenta (quien tomará posesión la semana próxima) y la elección de la magistrada (E. García Escobar) que sustituirá a D. Charchal han puesto la luz en la advertencia sobre lo que está por detrás de ambas decisiones.
La elección de quien dirigirá la CSJ se vuelve cuestionada cuando ello se da en la primera sesión del pleno. Durante años, ese proceso ha sido largo e incluso, llevado al extremo. Siempre será un producto de negociación, pero algo mágico sucedió cuando se da lo imprevisible: una decisión tomada en el primer round. Además, e incluso de mayor significado, es el mensaje que colocó en una red social la magistrada Silvia Valdez en respaldo al Presidente Morales. Antes de tomar posesión, se da una primera polémica: por ese mensaje, deberá dejar de conocer todo lo que tenga que ver con el oficialismo y con el propio gobierno? eso implica que entra desgastada y con margen de maniobra reducido a su nuevo puesto?
En adición, también se modifica el tablero del máximo órgano de justica. El hecho que la electa haya sido apoyada por nueve de sus compañeros indicaría que ese mismo grupo respaldará las propuestas y decisiones de quien asumirá el próximo 13. Qué tan independientes serán las decisiones que emita la CSJ? Todo esto no es necesariamente nuevo, si no fuera porque al centro de la agenda deseable está el pedido ciudadano de aplicación efectiva de la justicia, los casos develados desde 2014 y especialmente, las agendas de intereses colocados contra las cuerdas y ahora conocidos públicamente. El escenario de la institucionalidad de la justicia no es promisorio. En contraposición, la buena noticia es que la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional por la Justicia recién ha presentado la propuesta de reformas constitucionales en esa materia al Congreso de la República. Una primera pregunta es si más allá del respaldo formal asumido por los tres poderes al inicio de ese proceso, alguno de ellos asumirá el estandarte para su impulso decisivo. Ese debería ser el mismo Legislativo, que además de ser el espacio donde la propuesta adquiere su contenido político y da el paso hacia el ejercicio de la consulta popular, es el mejor parado bajo las actuales circunstancias.
El escenario paralelo que desde algún tiempo atrás se gesta, es que el propio Organismo Judicial sea quien encabece la oposición; lo cual harían tras bambalinas y bajo diversas formas encubiertas. Es aquí donde la nueva correlación de la CSJ adquiere sentido. Las fuerzas aliadas y beneficiadas por el régimen de impunidad esperan tras las trincheras caerles a críticas a la propuesta de reformas, atacar a las instituciones y personas que están contra sus intereses y apretar el gobierno central para que continúe siendo el actor condescendiente e incluso apoyador de sus jugadas. El resultado del plebiscito en Colombia les cae como regalo para tener más argumentos en favor de cerrar espacios a los avances democráticos, especialmente los relacionados al avance de la justicia.
El cierre de 2016 y lo que se vislumbra para el 2017 pintan complicados, en términos de luchas constantes por hacer sostenibles los pasos dados y las iniciativas esperanzadoras que actualmente se impulsan desde distintos frentes.
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