Por: Enma Reyes
A pesar de que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) había asegurado que no apoyaría la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2020, ayer se observó una división dentro de la bancada, la segunda más grande del Congreso, cuando nueve de sus integrantes votaron a favor de una moción para entrar a conocer en tercer debate y redacción final de dicho proyecto.
Carlos López Maldonado, Santiago Nájera, Felipe Jesús Cal Lem, Francisco Vitelio Lam, Jorge Estuardo Vargas, Juan Carlos Salanic, Lucrecia Samayoa, Luis Fernando Sanchinel y Rubén Escobar Calderón fueron los parlamentarios que apoyaron la iniciativa.
Para Óscar Argueta, secretario general en funciones de la UNE, estos nueve diputados serán llevados ante el Tribunal de Honor del partido, donde podrían ser sancionados.
«Rechazo la actitud de algunos compañeros de la bancada que desobedecieron la directriz de no apoyar el presupuesto 2020, por contener bolsones de corrupción», aseguró Argueta.
Durante la sesión del 20 de noviembre, los diputados tenían previsto la interpelación del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, así como la del ministro de Salud, Carlos Soto, pero una moción privilegiada presentada por los legisladores Delia Bac y Juan Manuel Giordano alteró el orden del día y se entró a conocer el proyecto de Ingresos y Egresos del Estado para el próximo año.
Sin el apoyo de los nueve diputados de la UNE, no se hubiera conseguido los 80 votos para modificar la agenda de la plenaria. A pesar de que no se logró la aprobación del Presupuesto quedó en evidencia la división dentro de esa bancada verde.
Partido en proceso de cancelación
La UNE es uno de los partidos que podría desaparecer. El 2 de septiembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó una misiva al Tribunal Supremo Electoral para que inicie el proceso de anulación de esa agrupación política.
La petición se hizo debida a que, según la Fiscalía, se estableció que en 2015 la UNE financió de manera irregular su campaña electoral al no registrar ingresos y gastos de campaña por Q28 millones.