- Esta vez son estudiantes de la San Carlos quienes las encabezan, pero hay también en el interior bloqueos
Este jueves se han iniciado una serie de protestas en la ciudad capital y el interior del país, para protestar contra la corrupción, el fraude en la Universidad de San Carlos, los ataques contra la prensa, la falta de Estado de Derecho y el alto costo de la vida.
La convocatoria principal la hicieron estudiantes de la USAC, quienes mantienen ocupado el campus central, desde que se realizó la elección fraudulenta del rector Walter Mazariegos, repudiado por amplios sectores estudiantiles, catedráticos y profesionales, por la forma en que el Consejo Superior Universitario (CSU), manipulado por el oficialismo, llevó a cabo la elección, sin permitir el ingreso a la votación a los representantes de grupos opositores.
Este es el segundo día de protestas en el país. El martes, grupos campesinos indígenas bloquearon al menos 11 puntos de carreteras, protestando por temas similares a las manifestaciones y marchas de estedía.
Mientras en el Congreso se intenta aprobar una ley que permita a la PNC y el ejército, reprimir con mayor fuerza cualquier manifestación popular. Los manifestantes dan cuenta que estamos llegando a un régimen dictatorial, represivo y su justicia independiente.
Diversos sectores han denunciado que la estrategfia del oficialismo y sus aliados –integrados en la llamada «alianza oficialista».pretenden que en las redes sociales se haga ver que son «movimientos de los izquierdistas», cuando en realidad se trata de protestas ciudadanas enfocadas en la corrupción y represión que lleva a cabo dicha alianza.
El régimen de Alejandro Giammattei ha iniciado una persecución político-judicial en contra de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, situación que ha sido denunciada a nivel internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH incluyó a Guatemala en su informe, al nivel de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, en donde la justicia responde a los intereses del poder político y se utiliza como arma represiva en contra de opositores a las políticas que se llevan a cabo y que limitan las libertades de las personas y la sociedad.