Nuevas acciones del MP provocan condena por «intento de golpe de Estado»; Arévalo rechaza acusaciones

  • La OEA, una misión de senadores de Estados Unidos, el gobierno de España, Semilla y organizaciones de Derechos Humanos señalan intenciones del Ministerio Público de romper el orden constitucional.

Cada día de este «diciembre negro» trae acciones y reacciones de un pulso que enfrenta a las fuerzas del oficialismo y sus aliados con organizaciones, países, grupos sociales y ciudadanos que defienden la democracia, con una escalada ayer viernes provocada por las intenciones manifiestas del Ministerio Público (MP) por cancelar las elecciones generales y sembrar un caos político y social en el país.

Tras el anuncio del MP de dos casos paralelos, uno contra Semilla y el presidente electo Bernardo Arévalo, y otro contra las elecciones generales del mes de junio, las reacciones de repudio e incredulidad ante lo dicho por autoridades fiscales no no se hicieron esperar, con una censura generalizada por considerar que se trata de un «golpe de estado», como se ha calificado desde hace meses.

Ayer reapareció el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche , acompañado por el secretario general del MP, Ángel Pineda, brazo derecho de la fiscal general Consuelo Porras, en compañía de otros fiscales que han participado en las «investigaciones» y allanamientos contra las instalaciones del TSE, en los que cargaron con documentación que pudo ser manipulada, al romperse la cadena de custodia.

Curruchiche y la agente fiscal de Feci, Leonor Morales, presentaron resultados de tres investigaciones que tienen relación con el proceso electoral y el Movimiento Semilla, luego de anunciar que se ha pedido que se levante la inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo y al diputado Samuel Pérez, por al menos tres delitos diferentes.

Arévalo ganó el balotaje de agosto. Desde entonces, el MP ha llevado a cabo allanamientos a oficinas del partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, y del tribunal electoral TSE en su esfuerzo por investigar los comicios. También ha solicitado el levantamiento de la inmunidad para diputados cercanos al presidente electo.

Los fiscales alegan irregularidades en el registro de votantes antes de las elecciones. La comunidad internacional ha criticado abrumadoramente la investigación, calificándola como un intento para impedir que Arévalo asuma el cargo en enero.

«La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condena el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala», dijo la OEA en un comunicado.

«El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo», agregó.

Curruchiche, exultante dijo en la conferencia de prensa que «lástima que Luis Almagro no esté aquí» y agregó que le gustaría que «venga al MP» a ver las pruebas recabadas por los fiscales.

La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOEOEA), emitió un fuerte comunicado, en el que señala, entre otras cosas, que «Estas acciones se suman a otras emprendidas por el MP, como los allanamientos, secuestro de actas y material electoral realizadas de manera opaca sin participación de la ciudadanía o partidos políticos, sin sustento normativo y claramente contrarias al principio democrático de máxima transparencia que debe regir los procesos electorales. Afortunadamente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había cumplido con su función de proclamar resultados de la elección, ya que, conforme al artículo 125 (inciso c), el TSE es el único competente para decidir sobre la validez o nulidad de las elecciones».

Todos los grupos de observación electoral, nacionales e internacionales, han descartado la posibilidad de un fraude electoral.

LEE ADEMÁS:

Los fiscales Curruchiche y Morales hablaron claramente de declarar nulas las elecciones generales y, por lo mismo, la segunda vuelta electoral, en la que Arévalo obtuvo cerca de 2.4 millones de votos, aventajando a Sandra Torres, candidata del oficialismo, por cerca de 900 mil votos.

Tras las declaraciones de los fiscales, se pronunció la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, quien dijo que «en este momento los diputados y el binomio presidencial están listos para tomar posesión el 14 de enero. En este momento, no hay manera de que el Tribunal Supremo Electoral vaya a repetir las elecciones».

Por su parte, Arévalo confirmó en la tarde que tomará posesión el 14 de enero a la par que señaló durante una conferencia de prensa que el país está ante «un golpe de Estado ridículo, espurio y perverso».

El presidente electo también apuntó que aunque algunos quieran invalidar el voto de los guatemaltecos, «los resultados son definitivos e inalterables».

Rechazos desde el exterior

La cancillería de España rechazó en un comunicado el mismo día las declaraciones del Ministerio Público, alegando que “atentan contra la democracia y suponen una grave violación de la voluntad del pueblo guatemalteco libremente expresada en las urnas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente pero adscrito a la OEA replicó igualmente lo sugerido por el MP.

En tanto la WOLA, una organización enfocada en Latinoamérica con sede en Washington, rechazó en un mensaje en la red social X la “interferencia” del Ministerio Público pues “atenta contra la voluntad popular ya ratificada por el Tribunal Supremo Electoral”.

Una misión de congresistas estadounidenses que este viernes realizaba una visita a Guatemala, se reunió con Arévalo y su equipo y tras anunciar sus intenciones el MP, le manifestaron su solidaridad y apoyo.

La propia embajada de Estados Unidos, en representación del gobierno de ese país, fijó también su condena ante el eventual golpe de estado.

Se pronuncian grupos empresariales

Tanto el CACIF, la organización más grande y tradicional del país –que en algún momento se ha mostrado cercana al oficialismo–, como el Consejo Nacional Empresarial (CNE), se pronunciaron a favor de que se respete el resultado electoral y de que asuma la presidencia el 14 de enero Bernardo Arévalo.

Este es el comunicado del CACIF:

Y este el del CNE:

Recientemente, cuatro de los cinco magistrados del TSE huyeron del país después de haber sido despojados de su inmunidad en relación con el caso. Se cree que el caso fue organizado de tal manera, que ahora se intentará integrar un nuevo pleno de magistrados con algunos nombrados por el Congreso de la República, ampliamente dominado por el oficialismo y sus aliados.

Las medidas contra Arévalo, su partido y el TSE han generado protestas en varias partes de Guatemala y una crisis política que se ha agudizado en los últimos meses, por lo que se confirma que este «diciembre negro» servirá para medir las fuerzas entre los grupos antidemocráticos y los prodemocracia.