- El plan de seguridad del gobierno salvadoreño entra en una nueva fase. La iniciativa ha sido anunciada como una estrategia para cerrar la brecha de pobreza en el país, según su principal impulsor, el presidente Nayib Bukele.
Voz de América
SAN SALVADOR — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la sexta fase de su plan de seguridad, denominada “Integración” y enfocada en las necesidades a medio y largo plazo de la población desfavorecida, con una inversión anual de 30 millones de dólares.
“Aaprovechando la celebración de nuestra independencia patria, quiero anunciar algo muy importante: Quiero anunciar el lanzamiento de la fase seis del Plan Control Territorial, a la que hemos llamado ‘Integración’”, declaró el mandatario en cadena nacional de radio y televisión.
Para ejecutar esa sexta fase se creará la Dirección Nacional de Integración, la cual será dirigida por el argentino Alejandro Gutman, que encabeza la organización no gubernamental Fundación Forever, explicó. Gutman ha trabajado más de 20 años en las comunidades más desfavorecidas, ayudando a miles de jóvenes a encontrar oportunidades de crecimiento.
Según Bukele, el Estado, las empresas privadas, las universidades y el resto de los sectores de la sociedad “deben de ayudarnos e integrarse para combatir la pobreza, que tiene múltiples causas”.
Solicitó también a los colaboradores locales e internacionales y a “gobiernos amigos” que apoyen los objetivos del plan y anticipó que muchos de esos gobiernos estarán de acuerdo con su visión del combate a la inseguridad y podrán apoyarla.
Bukele aseguró que, con esta nueva fase, “lograremos botar esos muros invisibles que aún quedan en las comunidades, lograremos integrar a la gente de todo el país”.
“Cuando asumimos el gobierno, El Salvador tenía muchos problemas de todo tipo, pero no había uno más urgente que la inseguridad. Convertir a El Salvador en un país seguro era nuestro problema más urgente. Entre todos los logros que hemos tenido en el área de la seguridad, lo dice la gente, es que eliminamos esas fronteras invisibles entre las comunidades”, recalcó el mandatario.
El presidente aclaró también que el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) no desaparecerá, como algunos aseguran, sino que “más bien vamos a renovarlo” y mejorar el servicio que proporciona, aumentar su alcance y optimizar los recursos, incrementando la formación profesional y técnica en nuevas especialidades y habilidades.
Del presupuesto del Insaforp, Bukele dijo que se usarán 12 millones de dólares para “el nuevo Insaforp”, 30 millones para el Plan Control Territorial y la Dirección Nacional e Integración y otros 18 millones para la digitalización del sistema educativo.
El proyecto de ley del Sistema Nacional de Integración establece que se buscarán políticas para disminuir la pobreza y promover el desarrollo social, enfocadas en la formación vocacional, técnica y profesional.
En su discurso, Bukele destacó los logros en seguridad: “Hoy somos un referente de superación somos el país más seguro de Latinoamérica”.
“Hemos reducido la migración irregular, hemos dejado de estar en el top 10 (…) pero aún falta. Pero estamos en el camino, lento pero seguro, a tener migración inversa”, aseguró.
En 2015 el país estaba considerado uno de los más violentos del mundo con 5.656 homicidios, es decir, 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Con la aplicación de una política de mano dura contra las pandillas, la Policía Nacional registró 142 homicidios entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de este año, un 72 % menos que los 519 del mismo periodo de 2022. En lo que va de mes, se encadenaron 10 días sin homicidios.
Bukele impuso hace 17 meses el estado de excepción, que suspende derechos fundamentales y ejecuta su política de mano dura contra las pandillas, a las que responsabilizan de haber sembrado el terror en barrios y comunidades durante años.
En este tiempo se ha arrestado a más de 72.000 supuestos pandilleros o colaboradores, según cifras oficiales. La mayoría están en prisión por agrupación ilícita y con detención provisional sin condena firme. Mas de 7.009 quedaron libres por falta de pruebas.