No hay retorno al proceso de transición y las partes guardan silencio: ¿Qué sucede?

  • Lo último que se tuvo como noticia en torno al proceso de transición, fue que el presidente electo aceptaba que su equipo volviera a las reuniones, con algunos cambios en la metodología. La propuesta era hacerlo a partir del pasado lunes.

Hace cinco días el binomio presidencial electo, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, dio a conocer un comunicado en el que se informaba de una carta enviada al presidente Alejandro Gimmattei, en la que se proponía «reanudar las reuniones de trabajo
del equipo de transición, en las instalaciones designadas por cada entidad para el efecto, a partir del día lunes 25 de septiembre». Hasta este martes no hay noticia de ninguna reunión.

En las redes sociales y la página del Gobierno no hay comentarios ni alusiones siquiera a la carta de Arévalo, quien explicó que aceptaba volver a la transición luego de que lo sugieriera el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Aparentemente lo que no ha gustado en el lado gubernamental, es que Arévalo haya propuesto «moficiaciones» en la metodología que propuso inicialmente Giammattei, la que parecía encaminar el proceso de transición en un evento enredado. Sin embargo, ninguna de las partes ha mencionado en qué consisten los cambios propuestos.

En la ONU, Giammattei reiteró que entregará el poder el 14 de enero de 2024 –lo que manda la Constitución–, pero no hizo alusión a las acciones del MP para entorpecer el cambio de Gobierno.

Mientras tanto, hay expectativa también por lo que el Ministerio Público pueda anunciar sobre las «investigaciones » que ha realizado. La Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), lleva dos líneas de investigación penal: una para lograr la cancelación de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, y la otra contra el proceso electoral, con el fin de demostrar que hubo «anomnalías», algo que que ningún grupo de observadores electorales comparte.

Pero lo que más ha llamado la atención es el silencio del Gobierno, ya que Giammattei ha indicado que está «comprometido» con la transición y la entrega de poder el 14 de enero. Sin embargo, nadie comenta en el sector oficial sobre el contenido de la carta de Arévalo ni sobre el tiempo que podría tardar en volver las reuniones de trabajo para trasladar información al equpo de lo que será el nuevo gobierno.

El tema ni siquiera existe en las redes sociales del presidente Giammattei, pero tampoco en las del Gobierno o en la página oficial de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), que publica la información oficial relevante y la que se quiere promocionar o difundir.

El mandatario guatemalteco ha negado cualquier vinculación del oficialismo con las intenciones del Ministerio Público (MP), aunque se sabe de la subordinación existente entre el ente de persecución penal frente al poder Ejecutivo y los grupos que forman la llamada «alianza oficialista».

Sin embargo, Giammattei mantiene un discurso como que si existiera independencia del sector justicia. De hecho, la comunidad internacional, organismos internacionales y grupos y organizaciones sociales han denunciado y censurado la actitud del MP, las cortes y determinados jueces, quienes actúan en contubernio con la llamada «clase política» dominante.

Entre los grupos de la sociedad civil existe temor por las acciones del MP, por considerar que se busca impedir el cambio de Gobierno de manera normal y ordenada el 14 de enero del 2024.

El propio Arévalo ha denunciado que hay «un golpe de estado en marcha», enfocado en las acciones que sigue el MP. Organizaciones populares y del sector indígena exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana, los tres incluidos en la «Lista Engel», la cual ha sido creada por Estados Unidos para sancionar a personajes que Washington considera «corruptos y antidemocráticos».


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