Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana
Existen esquemas que se han perfeccionado y afianzado con el paso del tiempo, dice el experto en temas de transparencia, para hacer que los funcionarios de turno entreguen de forma lesiva los recursos y patrimonios del Estado para que otros se hagan millonarios. La debilidad de los órganos de control o su cooptación, agrega el experto, facilitan las adjudicaciones perjudiciales para la nación.
Rodrigo Pérez
Estado como botín
La adjudicación de contratos lesivos en el Estado es parte de todo un esquema que durante muchos años se fue apoderando del Estado para hacer negocios. Con cada nueva elección de autoridades, fue incrementándose este modelo de negocios, en los cuales el Estado es utilizado como un botín y se hacen negocios que beneficiaban siempre a las empresas en detrimento del patrimonio nacional. Se volvió una política no escrita para desarrollar estos negocios lesivos. Estos son un problema, porque al adjudicarlos, el Estado renuncia a la representación de los mandatos constitucionales que son el bien común y la justicia social, porque al ceder su patrimonio tan fácilmente, está renunciando a más ingresos tributarios que se pueden invertir en salud, educación y seguridad.
Causas de fondo
Las causas de fondo que sustentan y permiten que estos contratos lesivos ocurran, son el hecho de que prácticamente todas las instituciones de control fueron capturadas por esos intereses de hacer negocios oscuros con el Estado. Entonces, no había quién frenera eso, ni los juzgados, ni las instituciones llamadas a hacerlo, como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas. Los órganos de control no hacen su trabajo, si lo hicieran no se dieran estos contratos que son lesivos para el Estado. Por lo tanto, hay toda una concertación para facilitar esos negocios en muchas instituciones del Estado.
Cómo evitarlo
Hay que garantizar la independencia de las instituciones de control, como la Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación y tribunales, para que efectivamente representen los intereses del Estado y no a esos grupos de negociantes. Todos estos negocios tienen en común que son contratos en los cuales el Estado no gana nada, cede su patrimonio y genera jugosas ganancias para las empresas que logran pasar fácilmente todos los obstáculos y trámites. Muchos de esos negocios; como por ejemplo, el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, no tienen estudios de impacto ambiental y a aun así obtienen la licencia para operar. Como son negocios que mueven mucha plata, se consiguen los permisos rápidamente.