MP arremete nuevamente contra proceso electoral; allana y secuestra documentos de elecciones

  • Nuevamente funciona la trilogía: Consuelo Porras (MP), Rafaeal Curruchiche (FECI) y el juez Fredy Orellana.
  • El ente de persecución penal pasa por encima de la Ley Electoral y de Partidos Políticos –de carácter constitucional– y extrae la documentación de las elecciones, con cajas que contienen votos y actas electorales.

Nuevamente la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) bajo las órdenes de Rafael Curruchiche, allanó las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para secuestrar documentos relacionados con las pasadas elecciones, aunque la Ley electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no contempla ese tipo de investigaciones por parte del Ministerio Público, que «ha violado» la cadena de custodia de los documentos incautados.

Las acción de la FECi fue denunciada por los magistrados del TSE, quienes ofrecieron una conferencia de prensa esta mañana, para destacar que «esta inédita contravención a la Ley Electoral y de Partidos Políticos muestra que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular, sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos guatemaltecos».

La orden de allanamiento fue otorgada a la FECI por el mismo juez que ha venido actuando en contra del Movimiento Semilla, Fredy Orellana.

Ante la evidente mala fe demostrada por el MP, los magistrados recuerdan que «una vez que la cadena de custodia y el principio de preclusión se han violado, el Tribunal Supremo Electoral no puede garantizar que el contenido de las cajas electorales abiertas sea el mismo con el que se recibieron luego de las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto de 2023».

Esta acción judicial contra el TSE y los partidos políticos implicados en el proceso electoral, ocurre en medio de la llamada «transición ejemplar» prometida por el presidente Alejandro Giammattei frente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se encuentra en el país para verificar que «se respete la voluntad exreresada por el pueblo de Guatemala en las urnas».

Los magistrados del TSE señalan que «los procedimientos y normas que garantizan la democracia no pueden ser violados sin seguir un debido proceso, y las garantías procesales inherentes». Para los magistrado del Supremo Electoral, los votos de las elecciones «fueron celosamente resguardados y contados por más de 125,000 ciudadanos que de manera responsable y comprometida, asumieron funciones de órganos electorales temporales de conformidad con la ley especial de la materia».

Esta es la primera vez que el MP interviene un proceo electoral desde que se creó el TSE para las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente en 1984.

Curruchiche y Orellana son fiscal y juez señalados por Estados Unidos de ser funcionarios «corruptos y antidemocráticos». El fiscal de la FECI retó durante el allanamiento al secretario Almagro para que permanezca en el país y esté presente para cuando él presente «las pruebas que tenemos» en contra del Movimiento Semilla.

Se sabe que la intención del MP, institución aliada del oficialismo, es la de debilitar y desgastar al partido Semilla y, eventualmente, intentar que las elecciones se declaren como fraudulentas. El TSE, así como los numerosos observatorios electorales, nacionales e internacionales, ratificaron que el proceso se llevó a cabo de manera transparente y sin anomalías.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, dejó claro que la acción es una forma de un proceso «que no respeta la voluntad popular», y que lo sucedido hoy es «un ejemplo más.

En los casos más paradigmáticos de persecución penal contra opositores o críticos de la alianza oficialista, ha funcionado la trilogía entre Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Los tres forman parte de la Lista Engel, creada por EEUU para sancionar a funcionarios que actúan contra la democracia y se consideran parte del sistema de corrupción imperante.