Ahora se penaliza la actividad de los “coyotes”, pero la inmigración continúa hacia Estados Unidos. Allá son perseguidos y deportados, pero nada los detiene. Son un pilar de la economía nacional, a pesar de que las políticas a su favor son pocas.
Sergio del Águila
Las remesas que envían los migrantes guatemaltecos siguen siendo un bastión importante para la economía nacional, para el desarrollo social de familias e, incluso, para comunidades enteras.
Esto deriva de que la salida de connacionales hacia tierras norteamericanas no se detiene, pese a que cada día es más difícil alcanzar el sueño americano, debido al refuerzo constante de las políticas antimigratorias tanto en Estados Unidos (EE. UU.) como en México y, más recientemente, en nuestro propio país con la aprobación de la llamada ley anticoyotaje.
En consecuencia, la posibilidad de morir en la travesía, perder los bienes hipotecados para pagar el viaje al traficante de personas y de alcanzar la tierra prometida se incrementa cada día. Pero es un juego de póker necesario —debido a los altos índices de pobreza, desempleo y violencia, entre otros— en donde se puede ganar todo o perder lo poco que se tiene.
Las últimas cifras oficiales dan cuenta de que en la nación estadounidense viven 1.6 millones de connacionales y de que las principales ciudades destino son Los Ángeles y San Francisco, San Diego, California, donde radican alrededor de 476 mil chapines; luego están Nueva York; Houston y Dallas, Texas y Miami, Florida, que suman 410 mil.
A pesar de lo grande que es la comunidad guatemalteca que vive en EE. UU. ningún gobierno ha logrado que se les otorgue el Estatus de Protección Temporal (TPS) que, por ejemplo, si tienen ciudadanos salvadoreños y hondureños.
Por si fuera poco, las deportaciones de connacionales, de México y EE. UU., aumenta cada año. En 2015 fueron deportados, en promedio, 292 guatemaltecos al día, según cifras oficiales y ello evidencia lo difícil que se hace alcanzar la tierra prometida debido al reforzamiento de controles y operativos tanto en México como en la frontera norteamericana.
Remesas y economía
Poco a poco, y con el paso del tiempo, las viejas casas de adobe y techo de lámina del municipio de Salcajá, Quetzaltenango, se fueron remplazando por modernas construcciones de block de dos y tres niveles.
Esto debido, en buena medida, a que la vieja economía local basada, casi con exclusividad, en la elaboración de tejidos típicos —que sigue existiendo— se abrió camino y se diversificó hacia la apertura de tiendas de barrios, abarroterías, ferreterías y otros tipos de negocios.
El desarrollo económico y la mejora en la calidad de vida de los pobladores de Salcajá no se hubiera logrado sin el envío de remesas de la población migrante que vive en Estados Unidos.
Lo mismo que ocurre en ese municipio del occidente del país pasa a nivel macro, puesto que, las remesas que envían los connacionales que viven en esa nación norteamericana, y que el año pasado alcanzaron los US$6 mil 284.9 millones —unos Q48,205.2 millones de acuerdo al tipo de cambio— tienen efectos notorios e innegables en
la economía nacional, en la nivelación de la balanza comercial como estabilizador del tipo de cambio y en la amortiguación de los índices de pobreza que, según la última medición oficial, se incrementó en 8.1 puntos porcentuales, al pasar de 51.2 en 2006, a 59.3 en 2014.
El total de remesas enviadas en 2015 fueron superiores en US$740.8 millones —unos Q5,681.9 millones—, con respecto al año anterior, y mantienen la tendencia constante al alza que se ha registrado en los últimos seis años.
Al respecto, Sandra Herrera, de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, señala que los riesgos que conlleva migrar sin portar los documentos para ingresar a México y Estados Unidos no han sido obstáculo que detenga a los migrantes, quienes, aun en condiciones difíciles, se seguirán internado en esos países, mientras sigan la exclusión social y la falta de oportunidades. Pero, eso sí, su aporte es vital para la economía nacional.
Carlos Martínez, analista económico independiente, también comparte ese argumento cuando indica: Las remesas que los guatemaltecos envían se han convertido, en los tres últimos años, en un amortiguador de la pobreza y el desempleo en Guatemala ante la debilidad del Estado de brindar oportunidades de desarrollo en diferentes áreas.
Luego agrega: Históricamente los gobiernos de turno en Guatemala no le han brindado apoyo a las personas que migran hacia Estados Unidos, aun cuando ya se sabe el gran aporte que ellos hacen a la economía por la vía del consumo y el aporte social.
El drama de la migración
Hace cuatro años se estimaba que diariamente salían del país con destino a EE. UU. —y otras naciones— 300 guatemaltecos en busca de una mejor oportunidad de desarrollo para ellos y sus familias. Al mismo tiempo, alrededor de 200 eran deportados diariamente de la nación estadounidense y de México.
No se sabe si la misma cantidad de connacionales sigue saliendo a diario en aras de un mejor futuro. Lo que sí está comprobado es que, en promedio, diariamente son repatriados de México y EE. UU. un total de 292 chapines; es decir, 92 más que hace cuatro años.
Así, lo evidencian las estadísticas de la Dirección General de Migración, que dan cuenta de que en 2015 hubo 106 mil 448 deportaciones de México —vía terrestre— y la nación estadounidense —vía aérea— y que estas aumentaron en 10 mil 177 con respecto al 2014.
Estos retornos forzados, según el informe Perfil Migratorio de Guatemala 2012, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tienen implicaciones económicas que se viven a escala familiar y algunas veces comunitarias, ello porque para subsidiar el viaje, muchas veces quienes emigran le apuestan todo el patrimonio familiar y terminan perdiendo sus propiedades y porque son separados por los retornos forzados.
Camino cuesta arriba
Cada día que pasa, alcanzar el llamado sueño americano es más difícil. Desde 1996 se ha reforzado la política norteamericana para contener el flujo migratorio ilegal, y esta medida alcanzó el nivel de seguridad nacional tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
En este sentido, se ha construido un muro fronterizo entre EE. UU. y México y se han incrementado los patrullajes en las fronteras de ambas naciones del norte, esto hace que los migrantes se expongan a más riesgos en aras de llegar a la tierra prometida.
En Guatemala, el 19 de noviembre del año pasado, se aprobaron reformas a la Ley de Migración, que es conocida como ley anticoyotaje, porque castigan penalmente a quienes lucran con el tráfico de personas con destino a EE.UU.
La normativa ha sido considerada como un muro más a los intentos de migración, y a juicio de Mauro Verzeletti, director de la Pastoral de Movilidad Humana: Solo criminaliza a las organizaciones que ayudan a los migrantes.
A su criterio, los efectos de dichas reformas ya se dejan sentir porque: Desde diciembre pasado se producen casos en que los migrantes, luego de hacer gestiones en consulados o recibir apoyo en la Casa del Migrante, son detenidos y expulsados a sus países de origen.
Al referirse a las carencias de las reformas al Decreto 10-2015, Lesbia Ortiz, integrante de la Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig), advierte que el problema del coyotaje no es el único, porque la problemática tiene causas estructurales. Las declaraciones de la experta hacen referencia a la pobreza y la falta de empleo, principalmente, ya que también motivan la migración y la violencia que azota al país, los desastres naturales y el deseo de reunificación familiar.
Todas las organizaciones que trabajan por los inmigrantes estamos unidas en un grupo articulador compuesto por académicos, defensores y activistas de derechos humanos que luchamos por una nueva ley de migración con enfoque de derechos humanos y el objetivo último no sea criminalizar a nadie y evitar los señalamientos de que el inmigrante es responsable de todos los problemas de migración, enfatiza Ortiz.
No hay marcha atrás
Las políticas para desmotivar la migración también están plasmadas en el Plan para la Prosperidad liderado por EE. UU., y propone la implementación de proyectos y políticas de desarrollo en las regiones que más expulsan ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras y que se harán con aportes —condicionados— del gobierno estadounidense y una contrapartida nacional.
En el caso guatemalteco, según el informe de 2012 de la OIM, la mayor cantidad de migrantes salen de los departamentos de Guatemala, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Jutiapa, Escuintla, Alta Verapaz y Chiquimula. Y se caracterizan por tener un nivel de escolaridad predominantemente primario.
El Plan Alianza para la Prosperidad fue elaborado luego de la crisis provocada en el incremento de menores de edad no acompañados que empezaron a migrar a EE. UU., las opiniones sobre esta iniciativa están divididas. Las reformas a la Ley de Migración solo son correspondientes con el tipo de control impuesto en este tercer muro y ante lo cual Guatemala pone su parte frenando el flujo que viene de las naciones vecinas, como condición para verse beneficiada por el Plan Alianza para la Prosperidad, afirma Verzelleti.
Marcos Yax, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, opina que el plan estadounidense es una buena oportunidad para los pueblos del Triángulo Norte. No es un regalo; es una medida predeterminada para evitar esta masiva inmigración de niños no acompañados que en 2014 registró una cantidad de 68 mil 500. El verdadero objetivo de la ayuda de US$750 millones, a la que se le debe sacar el mayor provecho, es evitar que más menores no acompañados lleguen hasta la frontera norteamericana.
Lo cierto es que en el último encuentro en Washington D.C —28 de febrero— de los presidentes del llamado triángulo norte de Centro América con el vicegobernante Joe Biden, este les pidió, entre otras cosas, reducir drásticamente la inmigración para convencer al Congreso norteamericano para que apruebe en octubre el desembolso de los US$750 millones ofrecidos por el mandatario Barack Obama, en el marco del Plan para Prosperidad.
En este sentido, los Jefes de Estado de los tres países del istmo se comprometieron a hacer campañas de sensibilización sobre los riesgos de la migración indocumentada, incrementar las investigaciones y los procesos legales en casos de tráfico de personas para el caso de Guatemala, sobre la base de la Reforma Migratoria aprobada en 2015