- Acciones de la Corte Suprema de Justicia muestran que quieren levantar inmunidad del juez
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez se encuentra en medio de un proceso completamente controlado por la «alianza oficialista» que controla la Corte de Constitucionalidad (CC) y la corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que anticipa que la persecución en su contra camine al retiro de su inmunidad y, eventualmente sea retirado de los casos sensibles que tiene a su cargo, especialmente los de corrupción y derechos humanos.
El juez, que cuenta con el respaldo de organismos que defienden la independencia de los jueces y la justicia en general, presentó un recurso de amparo en la CC, argumentando que la CSJ debió rechazar la solicitud de antejuicio de la Fundación contra el terrorismo (Fundaterror), porque el mismo es espurio y viola la independencia judicial, pero la alta corte no ha concedido el amparo provisional hasta el momento.
Aunque los argumentos del juez Gálvez son contundentes y la citada Fundación no era parte en el juicio impugnado, la CC oficialista ha mantenido hermetismo y no ha resuelto la petición del juez. Mientras no resuelva sobre la solicitud de amparo provisional, el proceso contra Gálvez continúa y ahora será el juez pesquisidor Eduardo Galván quien conocerá el caso, luego de que se excusara para hacerlo la magistrada Zonia de la Paz.
El caso por el que se persigue al juez Gálvez es el llamado «Diario Militar», ya que envió a juicio a varios exmilitares por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. En una larga exposición de motivos, Gálvez explicó todos los hechos en los que basó su resolución. Eso provocó la reacción de la Fundación y su presidente, Ricardo Méndez Ruíz.
En la actualidad hay más de 20 operadores de justicia independientes –fiscales y jueces– que han tenido que salir al exilio o se encuentra procesados y en prisión, como parte de la política de la «alianza oficialista» de sacar del sistema de justicia a quienes han mantenido una lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea (UE), el Parlamento Europeo y organizaciones que defienden a nivel internacional la independencia de los jueces, se han pronunciado abiertamente, señalando las irregularidades que se observan de parte de las cortes guatemaltecas.
La «alianza oficialista» mantiene un férreo control sobre la CC y la CSJ, por lo que se ha perdido en el país la independencia de la justicia, sometida al poder político, contraviniendo la Constitución de la República.
La CIDHha señalado que las anomalías que existen en el sector justicia son tan graves, que en todo el continente americano solo se comparan con lo que sucede bajo las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El presidente Alejandro Giammattei ha repetido que respalda el Estado de Derecho, pero todas las acciones del oficialismo apuntan a lo contrario, como se puede evidenciar en el caso del juez Gálvez.
La integración de la CC se hizo de tal manera que todos los magistrados responden a la línea oficialista.