Crónica Económica
En 2015, la cartera de préstamos otorgados a los microempresarios por los bancos sumó Q2 mil 700 millones, mientras que las cooperativas otorgaron Q6 mil millones, y el resto de entidades que se dedica a financiar a este segmento otorgó créditos por más de Q5 mil millones, a pesar de que el marco legal aún no está aprobado por el Congreso.
Estuardo Gasparico M.
En el 2014, Petrona Pérez quedó viuda, con deudas y cuatro hijos pequeños, lo que le impedía trabajar fuera de su casa, ubicada en una aldea de Panzós, Alta Verapaz.
Inicialmente, se sumió en la desesperación, pero un año después, envía a sus niños a la escuela, mientras ella se queda atendiendo una pequeña tienda que pudo instalar en su propio hogar, gracias a un crédito que recibió de una financiera local que confió en ella y le prestó Q3 mil como capital semilla, el que pudo multiplicar y pagar a tiempo.
Como ella, más de un millón de personas se beneficia con pequeños créditos que otorgan unas 300 instituciones de microfinanzas que funcionan en el país, muchas de las cuales están afiliadas a entidades más grandes, como la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (Redcamif), organización de tercer nivel que se integra con 7 redes que incluyen a 135 instituciones —cooperativas, bancos, financieras y asociaciones no lucrativas— de Centroamérica y República Dominicana, formada por 1,060 agencias que atienden a un millón 600 mil personas —el 65 por ciento de las cuales son mujeres— con una cartera de US$1,645 millones prestados en un 50 por ciento en las áreas rurales de estos países.
Una de ellas es la Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (Redimif), cuyo presidente, Reynold Walter, explicó que la entidad consta de 19 instituciones, 160 agencias, 213 mil clientes y una cartera de Q875 millones. El 84 por ciento de estos clientes son mujeres —que especialmente en el interior del país son exclui
das de las oportunidades y de los sistemas formales de crédito— y el 78 por ciento de ellas habita en el área rural.
Estas instituciones atienden, más que todo, a personas individuales y pequeñas empresas porque su misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y no el lucro, como en el caso de la banca comercial, afirmó.
El monto promedio de los créditos es de Q4 mil, a los que se les debe dar un uso productivo durante el plazo normal, que es de un año, pagando una tasa aproximada de dos por ciento mensual —24 por ciento anual— lo que incluye asesoría sobre manejo del negocio, asistencia técnica y seguimiento de los proyectos, que en un 50 a 60 por ciento, son de tipo comercial, seguidos por actividades agrícolas, artesanales y actividades propias de pequeñas industrias.
Agregó que algunos clientes tienen acceso a créditos mayores, debido a su récord crediticio y el éxito de sus negocios. En cuanto a la cartera en riesgo —mora después de 30 días o 2 meses de atraso—, es inferior al cinco por ciento del total, y cuando alguien se atrasa, se renegocian las condiciones para facilitar el pago, lo que también crea vínculos de confianza y fidelidad.
Enfatizó que este dato es diferente al sobreendeudamiento, que es una de las causas de la propensión al riesgo de morosidad.
Si de todas maneras, la persona no paga, hay regulaciones que ordenan realizar provisiones para ese tipo de contingencias, mientras se aprueba una Ley de Microfinanzas, proyecto que se encuentra en el Congreso desde 2013, aunque, así como está, no permite la inclusión financiera ni fomenta el fortalecimiento del sector, añadió.
Walter ejemplificó que dicha iniciativa establece la creación de Microfinancieras de Ahorro y Crédito (MAC) y Microfinancieras de Inversión y Crédito (MIC) cuyo monto mínimo de capital pagado inicial sería de US$5 millones en el primer caso y de US$1 millón 800 mil para el segundo, lo que deja fuera a prácticamente todas las entidades de este tipo que existen en el país, situación que impide la inclusión financiera.
Generación espontánea
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) expone en el estudio Fortalecimiento institucional de las microfinanzas en Guatemala, que dada la necesidad de contar con entidades que atiendan el microcrédito, han surgido estas organizaciones para atender a personas y pequeños empresarios que afrontan dificultades para obtener financiamiento bancario.
Estas entidades han operado en el marco de la legislación comercial, pero urge una ley específica para evitar que cometan delito de intermediación financiera, indica.