México alerta de que el crimen organizado “impone, quita y mata” a candidatos electorales en nueve estados

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La secretaria de Seguridad del Gobierno de México, Rosa Icela, alertó este viernes de que el crimen organizado “impone, quita, mata, presiona, coopta y chantajea” a candidatos electorales en nueve estados del país norteamericano.

“Establecen campañas del miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian”, señaló en rueda de prensa, recogida por el diario ‘Milenio’.

“Entre sus estrategias de violencia están el homicidio, los secuestros, la privación de libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios, además de la extorsión”, agregó.

Según Icela, la intromisión electoral del crimen organizado, que pone en peligro las elecciones federales previstas para el próximo junio, sucede en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, además en Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Baja California.

En estos estados existe “el partido del crimen”, dijo, aludiendo a las palabras del presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuyo Ejecutivo ha puesto en marcha, asimismo, un dispositivo de protección para garantizar la seguridad de los candidatos electorales.

Elecciones

  • Así, recordó que el 6 de junio están en juego más de 21,000 cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales;
  • 15 cargos de gobernador; 1,063 cargos en congresos locales; 17,000 en ayuntamientos;
  • y más de 1,900 presidencias municipales, que es el sector donde se percibe más riesgo.

Los datos del Gobierno muestran, de igual manera, que desde septiembre de 2020 a febrero de 2021 se presentaron 73 delitos contra precandidatos y aspirantes. De estos, 64 fueron víctimas de homicidio.

Asimismo, más de la mitad de violencia política se han concentrado en siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero y Morelos, pero también en Baja California y Jalisco.

El plan del Gobierno de López Obrador, concebido para que los comicios se celebren de forma “limpia” y “libre”, prevé proporcionar protección voluntaria a los candidatos y garantizará, además, que no se produce una intromisión por parte de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.


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