- Se incluye a funcionarios, exfuncionarios, diputados, magistrados, jueces, fiscales y operadores políticos. El listado completo y lo que se expresa de ellos.
Desde el 2021 cuando fue creada por el Departamento de Estado, se anuncia una serie de nombres de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que Estados Unidos sanciona por ser «corruptos y antidemocráticos», y los incluye en la llamada Lista Engel. A la fecha van 49 guatemaltecos incluidos en la misma.
Acusados de «socavar» la democracia
Ayer se dio a conocer oficialmente en Washington los nombres que se han añadido en esta ocasión y destaca la presencia de la fiscal guatemalteca Cinthia Monterroso y los jueces Fredy Raúl Orellana y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, en momentos en que el país se encuentra inmerso en un convulso proceso electoral que se ha llegado a ver paralizado por el poder judicial.
Orellana es el juez que suspendió al partido Semilla, en Guatemala, el cual irá a una segunda vuelta en los comicios presidenciales el próximo 20 de agosto. Su decisión puso en alerta a la comunidad internacional por dicha decisión catalogada de “inconstitucional”.
Por su parte, la fiscal Monterrosa ha sido señalada de perseguir al periodista José Rubén Zamora, condenado a seis años de prisión en su país; Monterrosa también ha estado a cargo del caso en contra del partido Semilla y ordenó un allanamiento a una dependencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
2021
- Gustavo Adolfo Alejos Cambara, ex jefe de Personal presidencial. Facilitó pagos a representantes del Congreso y a jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para influir inapropiadamente en el proceso de selección judicial de los magistrados a la CSJ y del Tribunal de Apelaciones y asegurar su futura liberación de prisión y la desestimación de cargos de corrupción en su contra. Está designado bajo el programa global de sanciones Magnitsky y la Sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
- Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso. Se ha involucrado en corrupción significativa. Mientras actuaba en su capacidad oficial, estuvo involucrado en actos corruptos para enriquecerse, al tiempo que dañaba seriamente las actividades económicas internacionales de las empresas estadounidenses. Está designado bajo el programa global de sanciones Magnitsky y la Sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
- Delia Bac Alvarado, ex representante del Congreso. Hizo un mal uso de fondos públicos para beneficio personal. Está designada bajo la sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
- Florencio Carrascoza Gamez, actual alcalde de Joyabaj. Intimidó y encarceló injustamente a oponentes políticos.
- Álvaro Colom Caballeros, expresidente del país. Realizó fraude y malversación de fondos que involucraba un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala, conocido como Transurbano.
- Manuel Duarte Barrera, actualmente en la Corte Suprema. Ha socavado procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular indebidamente la designación de jueces para altos cargos de la corte.
- Boris Roberto España Cáceres, actual diputado en el Congreso de Guatemala. Incurrió en importante corrupción al participar en tráfico de influencias y sobornos.
- Mario Amílcar Estrada Orellana, exrepresentante del Congreso. Participó en una importante corrupción y fue sentenciado por tribunales estadounidenses por buscar millones del Cartel de Sinaloa mexicano para financiar campañas políticas.
- Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo. Intentó retrasar u obstruir procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
- Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo. Intentó dilatar u obstruir el proceso penal contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales, así como el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
- Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y ex miembro de una comisión del Congreso encargada de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema. Abusó de su autoridad para influir y manipular indebidamente la designación de jueces para altos cargos de la corte.
- Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operador político y empresario. Abusó de su autoridad para influir y manipular indebidamente la designación de jueces para altos cargos de la corte.
- Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la ONG Fundación Contra el Terrorismo. Intentó retrasar u obstruir procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
- Mynor Mauricio Moto Morataya, seleccionado en enero de 2021 para ocupar un puesto vacante en la Corte Constitucional del país. Obstruyó la justicia y recibió sobornos a cambio de una decisión judicial favorable.
- Alejandro Jorge Sinbaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Participó en sobornos y financiamiento electoral ilegal, así como lavado de ganancias procedentes de la corrupción para beneficio personal. Está designado en la Sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
- Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, ex viceministro de Comunicaciones. Participó en estructuras de soborno, incluida su participación en una estructura criminal que presionaba, cobraba y depositaba sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales.
- Blanca Aída Stalling Davila, ex jueza de la Corte Suprema. Participó en estructuras de soborno e influyó inapropiadamente en el poder judicial. Está designada bajo la Sección 7031(c) por participar en corrupción significativa.
- Elder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura. Se involucró en una importante corrupción relacionada con contratos gubernamentales y tráfico de influencias para beneficio personal.
- Jorge Estuardo Vargas Morales, actual diputado al Congreso. Se involucró en sobornos, coacciones y tráfico de influencias.
- Nester Mauricio Vásquez Pimentel, actualmente en la Corte Suprema. Ha abusado de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para altos cargos en la corte.
2022
- María Consuelo Porras Argueta de Porras, debido a su participación en hechos significativos de corrupción. Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción.
- Dennis Billy Herrera Arita, abogado. Participó en el plan de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y de Apelaciones con jueces corruptos.
- Carlos Estuardo Gálvez Barrios, ex rector de la Universidad de San Carlos. Usó su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la comisión de nominación judicial para facilitar el plan “Comisiones Paralelas 2020”.
- José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Oficina de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público. Desbarató importantes casos de corrupción contra funcionarios del gobierno y virtió comentarios aparentemente espurios contra fiscales de la FECI, abogados privados y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
- Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de camiones y navieras que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico). Se confabuló indebidamente con funcionarios públicos y pagó sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos de puertos.
- Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro). Pagó sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
- Ramón “Moncho” Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala. Sobornó a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
- Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal. Obstruyó los enjuiciamientos de los proponentes del plan de “Comisiones Paralelas 2020”.
- Sofía Janeth Hernández Herrera, actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN). Abusó de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con usar los propósitos legítimos del Congreso de Guatemala para tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.
- Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala. Sobornó a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. de mejorar la eficiencia energética.
- Mayra Alejandra Carrillo de León, actual directora del Instituto de Víctimas. Usó su posición oficial para facilitar el plan de “Comisiones Paralelas 2020”.
- Erick Gustavo Santiago de León, ex juez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil. Obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en casos llevados por él.
- Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Participó en el plan de “Comisiones Paralelas 2020”.
- Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Participó en el plan de “Comisiones Paralelas 2020”.
- Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro). Pagó sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
- Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal. Entorpeció investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.
- José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020. Solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias por corrupción.
2023
- Fredy Raúl Orellana Letona: un juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
- Jimi Rodolfo Bremer Ramírez: un juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
- Cinthia Edelmira Monterroso Gómez: actual fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
- Edgar Humberto Navarro Castro: expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y coimas, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
- Gendri Rocael Reyes Mazariegos: extitular del Ministerio de Gobernación, involucrado en un importantes hechos de corrupción.
- Joviel Acevedo Ayala: actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), se involucró en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
- Lesther Castellanos Rodas: ex juez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
- Melvin Quijivix Vega: actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.
- Omar Ricardo Barrios Osorio: actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
- Walter Ramiro Mazariegos Biolis: Rector de la Universidad San Carlos, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento.
(Con información del Departamento de Estado y la VOA)