Las portadas de los periódicos australianos salieron tachadas este lunes por la mañana en señal de protesta contra el retroceso de la libertad de expresión y el secretismo del gobierno.
Los diarios nacionales y regionales, entre ellos algunos muy conocidos como The Australian, The Sydney Morning Herald y Australian Financial Review, tenían las portadas cubiertas de tinta negra.
Las televisiones también difundieron anuncios instando a los telespectadores a reflexionar sobre la pregunta: «Cuando el gobierno os oculta la verdad ¿qué os oculta?».
Esta campaña por el derecho a la información se produce después de los registros de la policía federal hace unos meses en la cadena nacional ABC y el domicilio de una periodista de News Corp, que habían publicado dos informaciones que resultaron embarazosas para el gobierno.
Los medios de comunicación australianos piden que los periodistas no estén sometidos a la estricta legislación en materia de seguridad nacional porque estiman que complica su trabajo.
«La cultura del secreto que se deriva de estas disposiciones legales restringe el derecho de todo australiano a estar informado y va mucho más allá de la intención original de la seguridad nacional», afirma Paul Murphy, jefe del sindicato Media Entertainment and Arts Alliance.
«Las operaciones policiales en el domicilio de la periodista de News Corp, Annika Smethurst, y en la sede de ABC en Sídney son ataques a la libertad de prensa en Australia y son solo la punta del iceberg», según Murphy.
A raíz de estos registros tres periodistas podrían ser objeto de cargos penales: Smethurst por haber revelado que el gobierno preveía espiar a australianos y dos de ABC por haber denunciado crímenes de guerra presuntamente cometidos por las fuerzas especiales australianas en Afganistán.
Los medios de comunicación también piden más protección para los alertadores (o lanzadores de alerta) y de libertad de información, así como una reforma de las leyes sobre la difamación.
Al contrario de la mayoría de las democracias, Australia no tiene una declaración de derechos ni protección constitucional de la libertad de expresión.
El primer ministro Scott Morrison declaró que su gobierno «cree en la libertad de la prensa» pero insistió en que los periodistas no están por encima de la ley.