Como si en un mes trataran de compensar el tiempo desperdiciado en interpelaciones, asambleas, vacaciones y recesos durante casi cuatro años, los diputados aprobaron hoy el décimo decreto del año (el 10-2015) que reforma la Ley de Migración y penaliza el tráfico de personas.
Por lo tanto, a partir de su puesta en vigencia, los “coyotes” o personas que se dedican a trasladar indocumentados a Estados Unidos u otro país, enfrentarán penas de hasta 8 años de cárcel, pues será delito obtener directa o indirectamente un beneficio económico, promover o facilitar el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras (sic).
Tampoco podrán facilitar o promover el transporte, documentos de viaje o identificaciones falsas a los extranjeros, lo que se agravará, si los migrantes son menores de edad o mujeres embarazadas.
La normativa también penaliza el daño físico, vejámenes y la muerte ocurrida a consecuencia del viaje ofrecido por personas o grupos organizados, con fines de lucro.
Se calcula que solo en Estados Unidos viven casi 2 millones de guatemaltecos, la mayoría de los cuales ha llegado a ese país con la ayuda de “coyotes” a quienes les han pagado enormes cantidades de dinero, pero no se ha logrado determiner la cantidad de personas que han muerto en su intento por ingresar al país del norte.